Valentia (EP). El Gobierno en funciones ha aprobado en el Consejo de Ministros del martes de esta semana las subidas salariales de entre 430 y 450 euros mensuales pactadas con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
‘Hemos dado el visto bueno al acuerdo de subida salarial para los jueces y fiscales’, dijo la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
De este modo, se espera que las subidas salariales, que debían producirse el pasado mes de julio para los LAJ y en octubre de este año para jueces y fiscales, se apliquen en breve.
Según Montero, “los incrementos salariales se aplicarán de forma escalonada, con distintos hitos a finales de este año y mediados del próximo, para completar el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024”.
Asimismo, ha señalado que en el caso de los LAJ, la subida salarial es “adicional” a “otras medidas de mejora de sus condiciones retributivas y salariales, que también fueron aprobadas en anteriores acuerdos del Consejo de Ministros”.
Jueces para la Justicia y la Democracia (JJpD) ha celebrado que el Ejecutivo haya aprobado este martes el acuerdo firmado en mayo. ‘La renovación de los salarios de los jueces y del Ministerio Fiscal es un triunfo de la negociación que ha permitido cumplir con las previsiones legales sin perjudicar a la administración de justicia’ y ‘no ha habido necesidad de ir a la huelga para llegar a un acuerdo’, ha afirmado el portavoz de JJpD, Edmundo Rodrigues Atutegui, en un comunicado.
El representante de JJpD también subrayó que “es importante valorar el hecho de que el acuerdo que se está aplicando refleja de alguna manera la preocupación por la carga de trabajo en la mayoría de los juzgados, como se ve en el compromiso de crear nuevas plazas” y de atender las demandas razonables de los órganos judiciales y fiscales Insistió en la necesidad de mantener una mesa de negociación permanente, “no tener que esperar cinco años”.
El comité de huelga de LAJ emitió un comunicado, menos optimista. ‘Después de tres meses de retraso, el acuerdo que puso fin a más de dos meses de huelgas indefinidas comienza a aplicarse, aunque de forma parcial’.
Las restantes medidas contenidas en el acuerdo aún no se han aplicado’, según el informe. Por ello, pide que ‘la aprobación de la nueva constitución del colegio de abogados entre en vigor sin demora’ y, en particular, que se excluya a ‘la cuarta categoría’ de abogados de la ‘cuarta categoría’.
La nueva ley eliminará la ‘cuarta categoría’, establecerá un sistema de oficiales de registro civil, regulará el régimen de excedencias, garantizará la efectividad de las audiencias colegiales y aprobará un decreto que regule el sistema de representación.
Esta aprobación ejecutiva se produjo después de que el Ministerio de Justicia explicara a mediados de septiembre que el aumento aún no se había hecho efectivo debido a la “situación política”, es decir, que el Gobierno aún no se había formado y el discurso de nombramiento estaba previsto para finales de septiembre.
En ese momento, el departamento, dirigido por Pilar Ropp, advirtió de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no había peligro para el bufete.
El 12 de septiembre, los sindicatos de jueces y fiscales exigieron al Gobierno en funciones el cumplimiento de la subida salarial de unos 450 euros mensuales acordada en mayo en el marco de la mesa de retribuciones para evitar una huelga indefinida, y advirtieron de que se tomarían “medidas” para que se cumpliera lo pactado. En la misma línea, el pasado mes de julio, el LAJ exigió formalmente al Gobierno el cumplimiento del acuerdo alcanzado en marzo (en concreto, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales) para poner fin a la huelga indefinida que mantenía desde hacía tres meses.
De esta forma, se materializaba finalmente el acuerdo alcanzado con los LAJ en marzo, tras dos meses de huelga, y el alcanzado con los jueces y fiscales el pasado mes de mayo para evitar la huelga propuesta por seis de los siete sindicatos.
Una vez resuelto el conflicto con los jueces, fiscales y LAJ, el conflicto colectivo con los funcionarios de la administración de justicia, cuya huelga se suspendió antes del verano, aún no se ha resuelto como consecuencia del ambiente electoral.
