Gregory Castellanos pidió a las autoridades que “actúen y lo conquisten”, según entiende, “favor”.
Gregory Castellanos Ruano, exfiscal del Distrito Nacional, acusó a Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), de utilizar millones de pesos para comprar 5 terrenos o bienes inmuebles en la provincia de La Altagracia (Igui).
El abogado dijo que Surún Hernández compró a través de una sociedad offshore su propiedad, que posee en un ” paraíso fiscal de Panamá.””
En ese sentido, llamó a la Fiscal General, Miriam Germán Brito, a la Subprocuradora, Yeni Berenis Reynoso, y a Wilson Camacho, a “actuar y someter” porque, como entiende Castellanos Ruano, ” no hay corruptos que sean favorecidos.””
“Pedimos a la fiscalía que active la investigación sobre la malversación sistemática de fondos del Colegio de Abogados cometida por Surún Hernández durante su mandato”, dijo.
El exfiscal también acusó a la tesorera de un gremio que agrupaba a expertos legales, Elsa Alvarado y al exfiscal Abraham Ortiz Cortés, de peculado, malversación y malversación de fondos.
Castellanos Ruano argumentó que cuando la Cámara de Cuentas de Comercio intentó auditar la tarjeta en 2021, Surún Hernández “utilizó mecanismos políticos y buscó patrocinadores y amigos de funcionarios”, para que el gremio no fuera auditado ,y las asociaciones perseguidas ” no hicieron nada y lo lograron.””
Explicó que la denuncia la hizo él mismo por sus propios motivos y fue una repetición porque ya la había presentado el año pasado ante la Fiscalía Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige Camacho.La tarjeta ” es una institución interna de derecho público que forma parte de la esfera pública.”
Ante esto, dijo que por esa razón Surún Hernández “entra en la categoría de funcionarios”, quienes dijo “se enriquecieron y se hicieron millonarios a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos”, mientras que los miembros de esa entidad carecen de seguridad social, cooperativas y centros de recreación.
Castellanos dijo que Surún Hernández se ha negado a ser auditado por la Cámara de Comercio, una entidad legal que está autorizada constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. Señaló que la mayor parte de los ingresos al colegio de abogados provienen del pago de impuestos que los ciudadanos dominicanos tienen que pagar para acceder a la justicia y reclamar sus derechos.
Dijo que otros asociados con Hernández presuntamente habían cometido varios delitos y delitos ante su negativa a permitir una auditoría de sí mismo. Los citó como violadores de los artículos 169, 170, 171, 172 y 166.33; 145; 147; 148; 265; 266; 267; 59 Y 60; 103; 104; 105 y 106 del Código de Procedimiento Penal.
Del mismo modo, especificó que habrían violado otras regulaciones y leyes, así como el artículo 40, 44, 71, 72, 74, 75 3er lugar. Ley 3-19 del Colegio de Abogados; artículos 40 y 57 de la Ley No.10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; Artículo 84 de la Ley No. 41-08 de la función pública; y Ley 340-06 de compra y contratación de bienes, Señor’.
