WASHINGTON – El Tribunal Supremo de EE.UU. emitió el lunes una orden que concede al gobierno de Joe Biden la autoridad para continuar regulando las “armas fantasma”, que se refieren a dispositivos caseros imposibles de rastrear, bajo las leyes federales sobre armas de fuego.
El Tribunal Supremo accedió a la petición del Departamento de Justicia de anular la decisión de un tribunal inferior. Esta normativa podrá seguir en vigor mientras los fabricantes de armas de fuego litigan en los tribunales inferiores.
La orden establece que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Texas concederá la petición de anulación de la medida cautelar, que fue presentada el 14 de septiembre de 2023.
El 8 de agosto, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, suspendió las restricciones impuestas por la administración Biden y anuló una decisión de un tribunal inferior que las había invalidado.
Tras esta decisión, un juez federal de Texas y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos permitieron a dos fabricantes seguir vendiendo los kits prohibidos, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo.
Estos kits, conocidos como “pistolas fantasma”, permiten a los usuarios comprar las piezas necesarias en tiendas o en Internet y montar un arma de fuego totalmente funcional. Estas armas no tendrán número de serie, no requerirán una comprobación de antecedentes del comprador y no crearán un registro de transferencia para rastrear su origen.
En abril de 2022, Biden anunció medidas para regular las armas de fabricación casera, ampliando la definición de armas de fuego de la legislación federal para incluir las compuestas por piezas o fabricadas con una impresora 3D. Según las nuevas normas, los kits que componen una “pistola fantasma” deben tener un número de serie para su identificación, y los compradores deben someterse a los mismos controles de antecedentes que se aplican a las armas convencionales.
Sin embargo, unos meses después de este anuncio, un juez federal de Texas dictaminó que el gobierno federal se había extralimitado en sus competencias sobre estas medidas y bloqueó las restricciones a escala nacional en una demanda interpuesta por dos ciudadanos particulares que querían construir sus propias armas.
Como consecuencia, la Administración recurrió al Tribunal Supremo, argumentando que “las fuerzas policiales de todo el país se enfrentan a un aumento de los delitos con ‘armas fantasma'”.
La normativa gubernamental fue anunciada el año pasado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y supone una modificación de la Ley de Control de Armas de 1968.
En julio, el juez Reed O’Connor, del Tribunal del Distrito Norte de Texas, se puso de parte de los demandantes y anuló la normativa, afirmando que “los kits de piezas de armas no son armas de fuego”.
