Santo Domingo – El juez de la Suprema Corte de Justicia de España, Javier Hernández García, dijo que el modelo procesal penal dominicano es un producto normativo que, bien utilizado, permite respuestas eficaces, objetivas y eficientes, pero requiere de un fuerte compromiso de coordinación entre los actores del sistema.
En este sentido, los expertos europeos consideraron que para lograr la optimización del proceso penal de la República Dominicana, es necesario establecer un modelo que promueva la coordinación, el diálogo continuo, el análisis de retos y debilidades, y sobre todo un compromiso positivo entre todos los actores del sistema.
Asimismo, señaló que ese es el papel que deben desempeñar la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública, los abogados privados y los jueces de la justicia.
A menos que se promulgue un nuevo Código Penal, el mecanismo de aceleración puede ser difícil debido a la brecha entre las penas previstas en el de de 1884 y las que merecen estos actos en la actualidad».
Dijo que la República Dominicana identificó áreas de mejora en cuanto a la reducción de la mora judicial, el número de personas privadas provisionalmente de libertad (denominada prisión preventiva en el CPP) y el hacinamiento carcelario en el proyecto Twinning, financiado por la Unión Europea y en el que el país fue el primer país en recibir esta cooperación.
Hernández García, señaló que la prisión preventiva debe ser considerada como un mecanismo de ejecución excepcional, tal y como lo establece el CPP y la Constitución dominicana, y que para su aplicación deben cumplirse todas las condiciones de adopción y justificación por parte del juez.
‘El Código Procesal Penal dominicano está repleto de normas que apelan a la excepcionalidad y a la necesidad de revisión de oficio cuando cambian las circunstancias que justifican la prisión preventiva’.
