El Presidente envió su presupuesto para el próximo año al Parlamento con bastante antelación. Se estima que será un 8% superior al de 2023 (excluyendo los anticipos de Barrick), lo que es razonable. Sin embargo, lo primero a lo que se enfrenta este presupuesto es que los impuestos sólo representan el 15% del PIB. El Presidente Abinader intentó y fracasó en su intento de reformar el sistema tributario al inicio de su administración y ya ha anunciado que esta reforma se aplicará en 2024, independientemente de quién gane las elecciones.
Una segunda limitación es el hecho de que es poco probable que el déficit presupuestario supere el 3,1% del PIB, ya que el déficit presupuestario en 2024 será el mismo que el de este año, pero los mercados internacionales, especialmente ahora con tipos de interés altos, no verán con buenos ojos un déficit presupuestario más alto.
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Mientras que estas dos primeras limitaciones dictan el nivel de gasto público, la verdadera estrechez de la tercera queda simbolizada por el hecho de que casi sólo el 12% de este gasto público se destina a inversiones y mejoras, mientras que un elevadísimo 88% se destina a gasto corriente. Durante el régimen de Balaguer, la mitad de los ingresos se dedicaban a gastos de capital.
Y de hecho, el 25% de los impuestos se destinaba al pago de intereses de la deuda interna y externa. Las subvenciones a la gasolina, la electricidad, la harina, los fertilizantes y las tarjetas solidarias representan el 10% de los impuestos. El 4% del PIB gastado en educación equivale al 22% de los ingresos fiscales, y la educación no ha mejorado de forma fiable y representa el porcentaje más bajo del Caribe, con la excepción de Haití. El gasto y la inversión en sanidad se miden por la mejora de la esperanza de vida, que sigue por debajo de la media latinoamericana, aunque ha aumentado de 66 en 2000 a 74 en 2023; el reembolso escalonado al banco central de los fondos prestados a todos los depositantes de Baninter en 2003 representa otro gasto presupuestario. Además, el Gobierno ha aumentado recientemente los salarios de militares, policías y bomberos.
Otra limitación presupuestaria es la tendencia a la nacionalización, a pesar de la mala experiencia con los 12 ingenios azucareros del CEA y las 20 empresas de Cordes. El gobierno se hizo cargo de tres empresas de distribución de electricidad (parcialmente privatizadas en 1996), que registraban enormes pérdidas, y del metro, que también registraba pérdidas. El gobierno optó por no privatizar ni Catalinas ni Refinería. Éstas son rentables, pero aun así, vender parte de sus acciones aumentaría su inversión como porcentaje del presupuesto. Por cierto, las refinerías ya no lo son. Esto se debe a que sólo el 31% del petróleo que venden las refinerías es producto refinado, el resto simplemente se importa, se almacena y se revende. El fin de las dificultades fiscales no sólo requerirá reformas tributarias que aumenten la imposición a los ricos y reduzcan los incentivos a los sectores maduros, sino también la privatización de las empresas estatales, incluidos los servicios públicos, la continuación de la racionalización y la reducción del gasto mediante la supresión de organismos redundantes y funciones duplicadas, y el recorte continuado de los salarios públicos, cuya proporción en el total de la masa salarial nacional es comparable a la de los países socialistas.
