Fachada del desaparecido Banco Intercontinental (Baninter).
Ramón Báez Figueroa, ex presidente del Banco Intercontinental (Baninter), solicitó un informe detallado sobre la venta de las estaciones de televisión, radio y cable que pertenecían al Grupo Baninter.
Miriam Germain Britio, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, en una correspondencia dirigida al Procurador General de la Nación, han solicitado un informe sobre la venta de las operaciones bancarias con el Bank of Nova Scotia (hoy Scotiabank) y la liquidación administrativa de Baninter, filial de Scotiabank. También solicita información y detalles de los acuerdos para la adquisición de carteras, sucursales y otros activos.
En un expediente del cual el diario El Nacional tiene copia y que fue notificado mediante la Acción de Alguacil No. 885/2023 del Ministro Kelvin Rosaury Jiménez Tejeda, alguacil titular del Juzgado Cuarto Penal del Fuero Nacional, el ex banquero solicita información sobre el manejo y disposición del fondo de pensiones del Grupo Intercontinental, entre ellos Solicitando información sobre los detalles del proceso; el proceso de gestión y enajenación de la Torre Intercontinental Novo Centro, los 10 metros cuadrados de terreno propiedad de Baninter en Santiago de los Caballeros, y el destino y proceso de enajenación de la colección de arte.
Báez Figueroa, quien cumplió una condena de cinco años en la quiebra de Baninter, solicitó al Ministerio Público que ordene de inmediato al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Administración Pública y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental suspender de sus funciones al gerente del Banco Central, Ervin Nova Bello, y al contralor general, José Manuel Taveras Rey.
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Las medidas buscan que no entorpezcan la investigación ni contaminen las pruebas solicitadas en la acusación o la apertura de una investigación penal.
También pide la suspensión inmediata y la oposición a la entrega, pago y transferencia de activos tangibles e intangibles a Delta Comercial.
Solicita el inmediato decomiso y oposición a la entrega, pago y transferencia de bienes de Delta Comercial y sus asociados por sospecha de lavado de activos, y establece un embargo o reconvención inicial de 90 millones de dólares contra el requirente, que incluye personas físicas y jurídicas.
El caso lo lleva el abogado y representante especial de Báez Figueroa, Rafael Mergen Semán, y está en manos de la directora de Fiscalización de la PGR, Yeni Berenice Reynoso.
El empresario ha informado a la fiscalía que de conformidad con el artículo 279 del Código de Procedimientos Penales (CPP) y subsecuentes, «José Antonio Naziri, Marcial Naziri, José Lois Marcún, Apolinar Velos, Félix Calvo y Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavarez y César Augusto Gómez Díaz, Quelima Mara Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward y Mark Fitzpatrick, e iniciar investigaciones preparatorias y abrir procedimientos».
Las empresas Júpiter Motors, S.A., Safari Motor S.A., Grupo Najri, Delta Comercial, S.A. y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) también están en el punto de mira.
Otros que busca investigar son los actuales gerentes del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Rey.
En el proceso, Báez Figueroa recuerda el momento en que Baninter fue intervenido por las autoridades financieras en 2003, el juicio a sus principales ejecutivos, la condena a Baninter por presunto peculado y el acuerdo al que llegó con Baninter para cumplir cinco años de una condena de 10 y salir en libertad condicional. Diez años después, pidió a la fiscal general Miriam Germain que llevara a cabo una «investigación penal exhaustiva». Esto se debió a que había sospechas legítimas en el caso de Baninter de que la Comisión Liquidadora de Activos Bancarios había manejado mal unos 80 millones de dólares.
Algunas acusaciones.
En una denuncia presentada ante la Fiscalía, el abogado Rafael Mergen Seman, en representación de Báez Figueroa, dijo que se les acusa de asociación delictuosa, cohecho, asociación de funcionarios, acumulación ilícita, abuso de confianza, falsificación de documentos oficiales, fraude al Estado y uso de documentos falsos.
