Al hacer valer el derecho de los estudiantes a prohibir que la ADP suspenda las clases en San Francisco de Macorís, el fallo del tribunal estatal es extenso para muchos sindicatos del sector público.
Esta es su interpretación. Por poner un ejemplo, al igual que los pacientes tienen derecho a recibir servicios médicos en los hospitales públicos, los escolares tienen derecho a la educación.
El Primer Tribunal Civil y Comercial del Distrito Judicial Provincial Duarte ha suprimido un recurso presentado por el Ministerio de Educación contra la suspensión de las operaciones anunciada por la ADP.
Unos 85 000 alumnos corrían el riesgo de perder su escolarización debido a la suspensión de la huelga. Los sindicalistas hicieron bien en seguir los dictados de la ley y no ir en contra de los principios que rigen el sistema democrático.
Ahora que se ha sentado este precedente, los sindicatos tendrán que juzgar cuidadosamente sus acciones en el futuro para asegurarse de que no contravienen la ley.
La educación, como la salud, es un derecho que no puede verse comprometido sin una buena razón. Así lo ha establecido el Tribunal en relación con el movimiento ADP.
