La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios (DGSPC) y la Junta Central Electoral (JCE), ha puesto en marcha un plan piloto para la obtención de datos biométricos como parte de la implementación del voto penitenciario en las elecciones presidenciales de 2024.
El programa se inició en la cárcel de Fuerte Juanas Núñez, Salcedo, Hermanas Mirabal. Una delegación integrada por funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección de Prisiones y Servicios Penitenciarios, designada por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, realizó las gestiones necesarias para instalar los equipos técnicos requeridos para este proceso.
La comisionada de la JCE, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, dijo que acuerdos sociales y democráticos de Estado de Derecho como este, que establecen el compromiso de devolver lo que es un derecho fundamental para las personas privadas de libertad. Necesitamos instituciones públicas, dijo; en 2016 tuvimos elecciones para los presos preventivos, y en esta ocasión queremos dar un paso más y garantizar un plan operativo que tiene que ser gestionado por la DGSPC y la Procuraduría General de la República.
Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa el derecho al voto, que es la aspiración de los reclusos y un derecho que merecen, y que además se conjugará con el derecho a la identificación, pues también se cubrirá en esta etapa.
Nuestros centros tienen esta aspiración desde hace años. Creo que este acuerdo comenzará con el compromiso del voto penitenciario para dar otros componentes de gestión de datos al sistema penitenciario, dijo.
La delegación también estuvo integrada por el Procurador General Adjunto, Mártires Cirilo Quiñones, quien trabajó con el consultor jurídico de la DGSPC, Ángelo Frías, y los funcionarios de la Junta Electoral Central, Dolores Altagracia Fernández Sánchez (miembro oficial); Mario Núñez Director Nacional Electoral; Luis Mariano Matos, Director Nacional Electoral; y el Director Nacional de la DGSPC. Director; Luis Mariano Matos, Director del Registro Electoral Nacional; Yovani Díaz, Subdirector de Identificación Nacional; Génesis Vázquez, Operaciones Móviles; Claudio Ferreira, Desarrollo; y Américo Rodríguez, Identificación Nacional.
La delegación de la JCE a cargo del proyecto explicó que el objetivo de establecer este proyecto piloto en el CCR de Salcedo es identificar a los privados de libertad y cuáles de ellos poseen cédula de identidad y electoral, permitiéndoles ejercer su derecho al voto.
Como el convenio establece que sólo se realizará el proceso de cedulación y cedulación electoral, los centros penitenciarios deben garantizar el flujo de los reclusos hacia el área de recolección de información.
Esta iniciativa se ajusta a lo dispuesto en la Ley 113-21 de Instituciones Penitenciarias, que establece el derecho de voto para los presos cuya sanción penal no haya sido confirmada.
Para implementar este procedimiento, todos los internos de los centros penitenciarios son identificados biométricamente, a los internos con DNI se les imprime su ficha de identificación biométrica, y al final de cada semana, desde el Centro Municipal de DNI, previamente autorizado por la DNC, se envía un maestro de internos con DNI, lo que permite adjuntarlos a los registros del centro. También explicó que los reclusos que no estén identificados biométricamente serán captados por el perfil biométrico para adjuntar la prueba de la solicitud al expediente del recluso.
En este sentido, Américo Rodríguez, Jefe Nacional de Cedulación, afirmó que este proceso aporta un valor añadido, ya que todos los presos están registrados biométricamente en el sistema de la JCE.
Los centros penitenciarios conservarán recibos para respaldar las tarjetas de los presos, y aquellos que no dispongan de DNI se registrarán en el sistema utilizando la información de sus tarjetas, dejando constancia de sus datos biométricos y personales, lo que supone una ventaja que el sistema penitenciario puede aprovechar, señaló.
