El ex procurador Jean Alan Rodríguez y sus abogados Gustavo Biagi y Nelis Rivas en rueda de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Gobierno dominicano la liberación del ex procurador Jean Alan Rodríguez, principal acusado en el caso Medussa. Según su equipo legal, los abogados del imputado consideran que el encarcelamiento del mismo, antes bajo prisión preventiva y ahora bajo arresto domiciliario, es un acto arbitrario que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales Político y Civil.
La ONU llama al Gobierno de la República Dominicana a respetar de inmediato las convenciones internacionales por ser vinculantes y por sus nuevas responsabilidades como miembro extraordinario del Consejo de Derechos Humanos, que exige su liberación.
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El documento sienta un precedente internacional negativo contra el Estado, ya que se han probado y confirmado violaciones a los mencionados acuerdos y pactos internacionales sagrados, a través de la Opinión No. 46/20231 del Grupo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza, que sienta un precedente internacional negativo contra el Estado, y se han probado violaciones.
A esta decisión se llegó tras un proceso contradictorio de casi dos años, en el que también participó la Procuraduría General de la República.
En ella se prueban y condenan, en orden cronológico, violaciones a convenios internacionales. Entre ellas, la violación del derecho al libre tránsito cuando Pepka y el DNI impidieron a Jean Alain Rodríguez viajar con su familia, sin orden judicial y de forma alarmantemente ilegal.
También señala que la detención fue injustificada y excesiva y que se entregó voluntariamente y que nadie le llamó, citó o requirió ni especificó pruebas o condiciones para su fuga para proceder a la detención. También destaca, entre otras graves violaciones identificadas por la ONU, que no se le permitió recibir un juicio justo e imparcial y que se le impidió defenderse en un juicio que lo condenó a 18 meses de prisión y que continúa bajo arresto domiciliario.
Expresó su grave preocupación por la falta de legitimidad y la violación de los derechos fundamentales por parte del Gobierno dominicano contra el ex fiscal.
En este contexto, los órganos de la ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario como una privación de libertad y, en los párrafos 115-118 de su decisión, exigen la liberación inmediata de Rodríguez y garantizan su derecho efectivo a una indemnización y otros tipos de reparación. También solicita al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias que rodearon esta privación arbitraria de libertad y que tome las medidas oportunas contra los responsables de la flagrante violación de sus derechos.
El pasado mes de febrero, el juez Amaury Martínez ordenó la puesta en libertad del ex Fiscal General de la República tras 18 meses de prisión preventiva y le concedió garantías económicas y arresto domiciliario.
El juez del Tribunal III impuso una garantía financiera de 50 millones de reales (RD) a través de una compañía de seguros y una suspensión del país, además de ordenar el arresto domiciliario y el uso de esposas electrónicas contra Rodríguez. La decisión se leerá íntegramente a las 15.00 horas del 15 de febrero.
La ONU expresó su preocupación por la falta de legalidad y la violación de los derechos fundamentales por parte del Gobierno dominicano contra el ex fiscal. En este contexto, las agencias de la ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario como una privación de libertad y piden la liberación inmediata de los ciudadanos en los párrafos 115-118 de sus decisiones.
Las agencias de la ONU solicitan al Gobierno el levantamiento de la prisión preventiva contra el ex director del Ministerio de Justicia de la República.
