La imparcialidad que ha caracterizado hasta ahora las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) es una buena señal, que genera confianza y ayuda a disipar la incertidumbre que rodea al proceso de votación.
Ante la proximidad de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, es necesario crear un entorno seguro y transparente basado en decisiones que cumplan exclusivamente las normas constitucionales y legales.
El TSE, que desempeña un papel fundamental en el proceso electoral y la designación de candidatos de los partidos políticos, ha observado equidistancia en sus fallos en los casos en los que ha intervenido. Y una de las más importantes es que las sentencias reconocen el derecho de los extremistas de las organizaciones a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones, como exige el sistema democrático.
No hay comparación que valga, no obstante la sentencia que obliga al PRM a inscribir candidatos a delegados electos en Duarte y el hecho de que Fuerza del Pueblo, luego de ganar la boleta asignada al Centro de Estudios Sociales y Políticos, renunció posteriormente para promover la alianza de ese partido con el PLD y el PRD, Decisiones como la que inscribió a Alejandro Morillo Montero como senador por la región de Elías Peña generan optimismo.
Otros fallos que refuerzan la credibilidad y la imagen del TSE son la sentencia que obliga al PRM a reconocer el triunfo del candidato a alcalde Pedro Brando y la exclusión del candidato a vicealcalde de La Romana, y la anulación de una encuesta realizada por Fuerza del Pueblo en la tercera circunscripción nacional. Además, se ha prohibido el método utilizado por la organización en La Romana para seleccionar a los candidatos a delegado.
Hasta ahora, no ha habido rastro de parcialidad y la decisión ha sido bien respetada, pero la opinión pública tendrá que permanecer vigilante, independientemente de la reputación del magistrado del TSE. Cualquier marcha atrás ahora que se está avanzando en la aplicación de la ley electoral sería perjudicial tanto para el sistema democrático como para el país.
Tanto el proceso interno como la votación a todos los niveles deben garantizar la representación de los votantes. Si el TSE y la Comisión Electoral Central (JCE) cumplen sus funciones de acuerdo con la ley, la democracia, y por extensión la imagen del país, saldrán reforzadas.
