Los derechos fundamentales de los buenos administradores que vinculan todas las acciones de las burocracias estatales incluyen el derecho de las autoridades públicas como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a ejercer su relación con los contribuyentes de manera justa y transparente, incluyendo el reconocimiento de los errores causados por el personal ineficiente y las ineficiencias de los sistemas de alta tecnología. Esto incluye los principios de eficacia y eficiencia.
Pero, ¿quién paga el precio de los errores cometidos por la DGII? Tengo una experiencia reciente a este respecto.
El 21 de noviembre fui a la sucursal San Isidro del Banco de Reservas a pagar el ITBIS de nuestro EIRL, reportado por la DGII a octubre de 2023. Según el cajero, la transacción no aparecía en el sistema y tuvo que ir a la oficina de la DGII a actualizar la orden de cobro.
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Así que fui a la DGII en la Autopista Tomas Fernández Dominguez (San Isidro) y me atendió un funcionario del Cubículo 34; el monto total de los dos impuestos superaba los 15,000 pesos, por lo que regresé al banco e hice el pago.
Sin embargo, el 29 de noviembre, cuando intenté descargar de la página virtual de la DGII un certificado de obligación tributaria vigente, descubrí que mi empresa no había pagado los impuestos correspondientes y estaba en mora con un déficit.
Acudí nuevamente a la DGII y el mismo funcionario que me había atendido el 21 de noviembre estaba en el cubículo 34, y cierto pago no había sido registrado en el moderno sistema informático de la DGII. Les mostré como prueba el comprobante de pago emitido por el Banco de Reservas, llené el formulario y lo reclamé: todo diciembre y parte de enero de 2024.
El error de la DGII, artificial u organizado, me ha causado graves perjuicios económicos y sus consecuencias legales están siendo investigadas.
