contra la población LGBTQ+ sean inminentes. Deben vivir en un país donde los prejuicios generan actos de violencia física y verbal no solo de la sociedad civil, sino también del Estado. Así lo evidencia una encuesta sobre violaciones a los derechos humanos en la población LGBTIQ, que reveló que el 51% fueron víctimas de abuso verbal y discriminación por parte de policías estatales, siendo las mujeres transgénero las principales víctimas.
Señala que sufre situaciones desagradables con las fuerzas de seguridad, entre ellas extorsión, violaciones sexuales, detenciones, allanamientos, tratos humillantes y degradantes, violencia física y verbal, y la falta de protocolos que les permitan cometer diferentes tipos de violencia contra personas que expresan diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.
El estudio también muestra cómo lesbianas, homosexuales y bisexuales dijeron que tenían que justificar por qué eran objeto de preguntas inapropiadas sobre su vida privada y no heterosexuales. Explicaron cómo tenían que mostrar feminidad o masculinidad para ser aceptadas en el lugar de trabajo y cómo se apreciaban sus contribuciones.
Del mismo modo, el sistema de justicia para proteger a la comunidad LGBTQ+ presenta grandes dificultades para proteger a los sobrevivientes de violencia.Según Elías Ramos, Director Ejecutivo de Proactividad, las víctimas se niegan a presentar denuncias por temor al estigma y la discriminación, y si bien se respetan las decisiones de las víctimas, se necesitan estrategias para recibir el seguimiento legal establecido por la ley.
De su lado, Daniel Benítez, Director Ejecutivo de REVASA, mostró que la mayor cantidad de hechos de violencia se han presentado en el Distrito Nacional: La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Ramos y Benítez presentaron el estudio frente a miembros de la sociedad civil.
