El Tribunal Administrativo Superior es el Estado del Juez, la Universidad Dominicana de Notarios contra la Fiscalía General de la República, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez, el Estado del Juez,
Esta instancia es liderada por Laura E., presidenta del Gremio, que exige la aplicación de la ley para que esta universidad cuente con los recursos necesarios para el sistema de pensiones, asistencia médica y digital signature.It fue criado por Sánchez Himénez.
En el procedimiento judicial, la Universidad del Notariado señala que desde la entrada en vigor de la Ley en 2015-8-12-140, ha dejado de pagar el monto mencionado por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial en el que se certifique la firma del notario.
Afirmó que durante el período anterior, la Procuraduría General de la República no confió plenamente en el monto equivalente a una universidad notarial y acusó a la Universidad de causar daños materiales y morales en la medida en que afectó las tareas que estaba obligada a realizar con fondos de honorarios legales a que se refiere la ley.Incluido el apoyo social a sus miembros.
Señaló que la Procuraduría General de la República recibió casi 30 mil millones de pesos por la solicitud de recibos notariales y explicó que la Procuraduría General de la República debe cobrar 140 pesos por cada acto notarial, de acuerdo con la Ley 15-130; pero está cobrando 700 pesos, de los cuales es solo un notario que aporta 80 pesos a la Universidad de Nueva York.
La dependencia solicitó al juzgado imponer a la fiscalía el pago de una multa coercitiva de 500 mil pesos diarios a favor del régimen de pensiones notariales, por cada día, a partir de la notificación del fallo para intervenir.
Dijo que ordenar un aumento en el monto de los recibos anteriores de manera desproporcionada para la Universidad Notarial Dominicana, pero en beneficio propio, es una aplicación indebida de la Procuraduría General de la República.
