El aumento de la oferta de los productores no pertenecientes a la OPEP ha evitado repercusiones perjudiciales en la economía dominicana.
Los precios del petróleo continuaron su tendencia alcista, alcanzando los 93,72 USD por barril (Texas Intermediate) en septiembre de este año.
Algunos analistas del mercado pronosticaron una serie de escenarios alarmantes, entre ellos 150 USD por barril.
Eran noticias preocupantes para Japón, que importa todo el petróleo que consume y sus derivados, pero con el paso de los días, a pesar de que la OPEP y sus aliados anunciaron un acuerdo para prorrogar los recortes de producción a finales de noviembre y decidieron no hacerlo, la caída, aunque más volátil, apagó las peores previsiones de precios. Se desvaneció con la aparición de una tendencia.
En otros tiempos, no hacía falta hacer nada más para restablecer la tendencia alcista, pero recientemente, por increíble que parezca, ha soplado otro viento que ha bañado de salud a la economía dominicana, ya que las decisiones de la OPEP y sus aliados han obrado en sentido contrario, a pesar de las subidas de los últimos días.
Y eso que la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Medio, aderezados por los continuos recortes de producción de la OPEP y sus aliados, apuntaban a que en 2023 se volvería a máximos históricos.
¿Dónde reside el enigma? En varios factores (sobre todo en Estados Unidos) que han provocado un fuerte aumento de la oferta de crudo.
La producción de crudo estadounidense alcanzó un récord a pesar del discurso de Joe Biden contra el sector. Y es que, según cifras oficiales, EEUU está produciendo más de 13 millones de barriles de petróleo cada día (sin tener en cuenta los derivados), superando el récord alcanzado en 2019.
Esto, unido al aumento de la producción de otros actores, ha contrarrestado los esfuerzos de la OPEP y sus aliados para evitar impactos negativos directos e indirectos en la economía dominicana. A saber, aumento de precios por incremento de costos (impacto negativo en el crecimiento económico), aumento de subsidios al sector transporte y aumento de transferencias al sector eléctrico, lo que agravó la precaria salud de las finanzas públicas.
