Los cinco primeros meses de este año son año electoral, por lo que cabe esperar poca productividad de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional se ha mostrado tímida en este segundo periodo ordinario de sesiones del Parlamento, que concluye el 12 de enero, debido a que es año electoral y senadores y diputados están inmersos en labores de proselitismo político.
Además, diciembre tiene una agenda festiva, ya que los diputados viajan a sus respectivas regiones para celebrar la Navidad.
Esto significa que más de 20 temas legislativos demandados y priorizados por la ciudadanía pasarán sin ser promulgados este 2023, y se mantendrán en 2024, especialmente después del 27 de febrero, cuando comience el próximo periodo de trabajo legislativo de 150 días (el primer periodo ordinario de sesiones parlamentarias).
Sin embargo, ese periodo es un año electoral, con elecciones en febrero y mayo, por lo que cabe esperar poca productividad.
El parlamento bicameral se enfrenta, por tanto, a la difícil tarea de aprobar algunas leyes. De lo contrario, estos proyectos quedarán pendientes hasta la nueva legislatura de cuatro años que comienza el 16 de agosto.
Entre los proyectos de ley que se dejarán para el próximo parlamento está la Enmienda del Código Penal, un proyecto que lleva debatiéndose en el parlamento más de 20 años pero que no se ha aprobado por falta de voluntad política.
Las tres causales de aborto y la no discriminación por orientación sexual fueron el talón de Aquiles para lograr el consenso de los partidos que permitiera aprobar la iniciativa.
Se decidió que las causales de aborto serían abordadas por una legislación especial para no frenar la aprobación del proyecto, pero no se ha logrado consenso sobre la eliminación de la discriminación por orientación sexual.
Alexis Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, ha indicado que el nuevo Código Penal no se aprobará antes del 16 de agosto de 2024, sino después de las elecciones.
Además del Código Penal, el proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social (Ley 87-01) quedará para el próximo año. Para ello se creó una comisión bicameral que presentó un informe que causó polémica en diversos círculos.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tuvo que acallar las críticas explicando que el documento presentado era un estudio de la reforma, no el proyecto de ley propiamente dicho. Así se zanjó la cuestión.
Leyes de aguas, hidrocarburos, contratos, arrendamientos, etc.
A esta lista se añadió el Proyecto de Ley de Promulgación de la Ley de Aguas, para el que no había consenso entre senadores y diputados desde hacía más de 25 años.
Durante los últimos cuatro años de gobierno, se han propuesto cuatro iniciativas para llenar este vacío legal en la República Dominicana. Se trata del Anteproyecto de Ley de Aguas de la República Dominicana y el Proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento, presentados por el vicepresidente reformista Máximo Castro Silverio y los senadores Eduardo Estrella (DxC – Santiago) y Valentín Medrano (PLD – Independencia).
Como se recordará, el Gobierno prepara un proyecto de ley de aguas para someterlo a la Asamblea Nacional, con las últimas modificaciones introducidas a principios de octubre de este año. A mediados del mismo mes debía ser entregado a los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, y ambos ministerios decidirían sobre la orientación del proyecto de ley. El proyecto aún no se ha presentado al Parlamento.
Se suponía que los altos funcionarios del gobierno Pavel Isa Contreras y Miguel Ceará Hatton recibirían el proyecto de ley y, si lo consideraban oportuno, lo entregarían al poder ejecutivo, que a su vez lo presentaría a una de las dos cámaras del parlamento. Sin embargo, han pasado dos meses y el proyecto de ley no ha sido presentado. Otro proyecto de ley esperado por los dominicanos y que debe volver a presentarse en 2024 es el de Reestructuración del Sector de Hidrocarburos de la República Dominicana, un compromiso del Gobierno para regular los métodos de fijación de precios, la eficiencia de costes, los medios para mitigar los picos de precios internacionales, la supervisión y el control administrativo. Este proyecto de ley expiró el año pasado y fue reintroducido en febrero de este año, pero no hubo avances.
Del mismo modo, el proyecto de Ley de Servicio Civil se mantiene hasta 2024, con uno presentado a la Cámara de Diputados por el poder ejecutivo el 29 de noviembre de 2022 y otro reintroducido por el vicepresidente Jesús Ogando a principios de 2023.
El proyecto de ley sobre el Código Civil de la República Dominicana, sometido por el ex diputado del partido ELDE Víctor Suárez, siguió el mismo camino.
De igual forma, el proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas sometido a la Cámara de Regidores por la senadora Farideh Rahul (PRM – Distrito Nacional) está a la espera de la aprobación del pleno para pasar a la Cámara. A pesar de los informes favorables, el proyecto de ley no ha progresado. Se trasladará al próximo año.
Del mismo modo, se mantiene el proyecto de Ley Orgánica de Referéndum por Consulta y Referéndum por Constitución (Ley Complementaria a la Enmienda Constitucional de 2010).
Lo mismo ocurre con el proyecto de Ley General de Arrendamientos Inmobiliarios y Desahucios, propuesto por Alfredo Pacheco, que fue reenviado el 21 de agosto de este año y cuyo trámite se inició el 30 de agosto del mismo año. El proyecto fue aprobado en primera lectura en mayo de este año, pero fue desechado.
Tras la explosión del 14 de agosto en San Cristóbal, en la que murieron 34 personas y decenas resultaron heridas, la Asamblea Nacional creó una comisión mixta de ambas cámaras para estudiar un proyecto de ley por el que se creaba la Dirección del Servicio de Bomberos de la República Dominicana.
La comisión celebró una audiencia pública para escuchar opiniones y propuestas de diversos sectores con el fin de alcanzar un consenso sobre el proyecto de ley.
A pesar de la reunión de la comisión, el proyecto de ley se mantendrá hasta 2024.
Se espera que se conozca a finales del próximo año.
Un proyecto de ley que permanecerá hasta el 2024 es el de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, que fue sometido a la Asamblea Nacional por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 2022 y retirado el 13 de febrero de 2023. El presidente Luis Abinader ordenó el retiro del proyecto tras el escándalo que provocó; el 12 de febrero, el vocero presidencial y jefe de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, informó que el proyecto sería presentado nuevamente en un plazo de 45 días. Sin embargo, casi un año después, el Ejecutivo aún no ha vuelto a presentar el proyecto. En tanto, la propuesta legislativa para modificar la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión de Ideas tendrá que esperar hasta el próximo año, para lo cual el presidente Luis Abinader emitió el decreto 333-22, del 23 de junio de 2022, mediante el cual crea y consolida una comisión asesora de carácter honorario que someterá al Poder Ejecutivo un anteproyecto de la referida ley. Se dispuso la creación e integración de un comité asesor con carácter honorario que someterá al Poder Ejecutivo el anteproyecto de la referida ley. Este comité asesor está formado por varios equipos de juristas y comunicadores. La última información al respecto es que el proyecto está listo y será presentado al Presidente de la República. Hasta la fecha, el proyecto de ley no se ha presentado a la Asamblea Nacional y no está claro cuándo se presentará. La reforma de la Ley 33-18 y otros temas siguen en la agenda
Además de los proyectos mencionados, para el próximo año quedan pendientes la reforma de la Ley 33-18 sobre partidos, asociaciones y movimientos políticos, la calidad de la educación, la reforma fiscal, el cambio climático, la inmigración, la salud, la seguridad ciudadana y un proyecto de ley para crear un sistema integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Asimismo, fueron desechados el proyecto de ley de amnistía (ley complementaria a la Constitución de 2010), el proyecto de ley para regular la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI), que fue reintroducido varias veces pero desechado, y el proyecto de ley que disponía la abolición del Consejo Nacional del Azúcar (CEA).
