Santo Domingo.- Miguel Gutiérrez exdiputado por el Partido Revolucionario Moderno, se declaró culpable ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Gutiérrez quién hizo un pacto con las autoridades estadounidenses, indicó que es culpable de conspiración para distribución de cocaína y de conocer que dicha sustancia ilegal sería importada posteriormente a esa nación.
Asimismo, el exdiputado acordó declararse culpable de conspiración para lavar dinero desde el 2014 hasta el 2020 en la República Dominicana, en comunidades de EE.UU. tales como el condado de Miami-Dade y otras aéreas no especificadas. Según indica el documento de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
El exlegislador, que fue electo en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) en la ciudad de Santiago, está preso desde mayo del 2021 y fue en septiembre de este 2023 cuando renunció a la curul.
La Cámara de Diputados no le había quitado la curul, alegando que aún el congresista no está condenado por narcotráfico.
En su lugar fue posesionada Stamy Colón el pasado mes de octubre.
Según el acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez Díaz aceptó que conspiró deliberadamente y a sabiendas con otras personas para distribuir una sustancia controlada a los Estados Unidos de más de cinco kilógramos de una mezcla que contenía cocaína a sabiendas y teniendo causas razonables que esa sustancia controlada sería exportada ilegalmente a los Estados Unidos en violación de las leyes estadounidenses.
El segundo cargo establece que desde el 2014 y hasta alrededor del 2020 en los condados Miami Dade y el distrito Sur de La Florida, la República Dominicana y otras partes, el acusado conspiró para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Por el primer cargo, el exlegislador podría recibir condena de un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua, seguido de un término de supervisión de cinco años y una multa de hasta 10,000,000 de dólares. Por el segundo cargo, pueden imponerle un máximo de hasta 20 años, seguido de un término de libertad supervisada de hasta tres años, y una multa de hasta 500,000 dólares.
