Editor Freddy Medrano
SAO PAULO, Brasil (Tomado de AP).- Los fiscales del estado de Sao Paulo dijeron que presentaron cargos por lavado de dinero y falsa representación en contra del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por evidencia que dicen tener sobre cómo Lula y su familia se beneficiaron de manera indebida de un entramado de venta bienes raíces que afectó a miles de familias de manera negativa.
En conferencia de prensa, el fiscal principal del caso, Cassio Conserino, dijo el jueves que Lula y su familia se vieron involucrados en la investigación que ya data de un año sobre presuntas irregularidades ocurridas en una cooperativa de Sao Paulo que vendía departamentos al costo.
El caso contra Lula se centra en un departamento de tres pisos construido por la cooperativa en una torre residencial y que los fiscales argumentan que estaba destinado para el uso de la familia de Lula da Silva.
Lula ha negado ser el dueño del departamento ubicado en la ciudad costera de Guaruja.
Los cargos fueron presentados contra el ex mandatario por un grupo de fiscales locales la noche del miércoles, así como las acusaciones por lavado de dinero en contra de su esposa y uno de sus hijos.
Las acusaciones ahora tienen que ser aceptadas, o no, por un juez. El fiscal Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que la siguiente determinación en el caso podría tomar un tiempo.
La condena máxima por las dos acusaciones podría acarrear una condena de máxima de 13 años en prisión.
La semana pasada, Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte de la investigación.
En un comunicado, el otrora inmensamente popular expresidente, dijo que los investigadores «no son imparciales» y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas.
«Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016», dijo Lula en un comunicado.
El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Garuja y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituían favores realizados a cambio de beneficios políticos.
Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo de Petrobras que asciende a los 2.000 millones de dólares.
Lula admite haber visitado el departamento en dos ocasiones, pero dijo que nunca que fuera de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que se la dejan utilizar.
Los investigadores federales buscan determinar también si Lula vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.
Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es «muy confuso».
«Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren», explicó.
Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, quien ganó las elecciones fácilmente.
Lula y Rousseff han visto cómo su popularidad caía en picada al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.
