Las críticas a la ley 1-24, que creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI), siguen preocupando a ciertos sectores del asentamiento, que cuestionaron la aprobación de un documento legislativo, con defectos que podrían violar derechos fundamentales. En este sentido, entrevistado por los periodistas Edith Febles y Germán Marte en el programa El Día, integrante del colectivo civil Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez aclaró este jueves que esta organización no apoya la obra, como señalaron algunos medios. tras una declaración de uno de los miembros a título personal y no en nombre de la organización.
La organización incluso lo reveló a través de un comunicado de prensa distribuido a los medios de comunicación el miércoles por la tarde, en el que pidió modificaciones a la controvertida ley, con el objetivo de garantizar los derechos humanos básicos. En este sentido y ante los cuestionamientos de diversos sectores sobre cómo esto podría ser aprobado por la Asamblea Nacional, Pancho Álvarez entendió que los legisladores podrían haberse sentido intimidados, ya que esta es una institución que gobierna a través de información esencial e importante para la seguridad nacional. A veces en la Asamblea Nacional no hay suficiente fuerza ni voluntad para decir que esta ley no es efectiva porque es una ley relacionada con el DNI, porque esta es una institución que todos respetan y tienen, tal vez los parlamentarios no.
Quieren discutir… Creo que hubo intimidación, aunque debo admitir que este gobierno ha dado un paso sin precedentes con respecto al DNI, al nombrar a un civil, dijo Álvarez. Entendió que en este caso intervino una mano para pedir más apertura y flexibilidad para el DNI, y que las actividades del DNI deben ser controladas y reguladas para proteger los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, resalta debilidades relacionadas con las actividades de la DNI con la Fiscalía, por ser el órgano requerido para realizar las investigaciones de los casos y puede influir en el proceso de investigación. Cabe recordar que varios sectores han rechazado el documento emitido por el Ejecutivo a principios de mes, advirtiendo sobre la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, por lo que esta semana se han presentado varios recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
