Río de Janeiro.- Las autoridades brasileñas desmantelaron el martes una organización que supuestamente confiscaba alrededor de 3,6 millones de euros a titulares de cuentas bancarias en España con el uso de ‘malware’ bancario, dijeron fuentes oficiales. Según la nota, se sospecha que la estructura criminal ha recaudado al menos 3,6 millones de euros mediante fraude desde 2019. Puede leer: Bolsonaro minimiza bloqueo de su cuenta bancaria para pagar multa por Covid El juez a cargo de la investigación ordenó la detención de cinco imputados y el registro de 13 zonas residenciales, y el martes movilizó a decenas de agentes de la policía federal en los estados de São Paulo, Santa Catarina, Pará, Goiás y Mato Grosso.
También se ejecutó la orden judicial de embargo y embargo de bienes y valores del imputado con el objetivo de privar a la organización de capital y recuperar los bienes robados. Las investigaciones se abrieron después de que Caixa Bank, una institución financiera española, notificara a las autoridades brasileñas que programadores y operadores de “malware” bancario atacaron a sus clientes supuestamente en Brasil. Según Caixa Bank, además de los recursos efectivamente desviados, esta organización criminal también fue responsable de un intento de fraude con malware por valor de 110 millones de euros.
La policía descubrió que los investigados utilizaban servidores en la nube para alojar la infraestructura utilizada en las campañas de distribución de Grandoreiro, y que después de infectar los ordenadores de las víctimas, realizaban robos por método de red y mediante acceso remoto. Los virus informáticos enviados por correo electrónico contienen mensajes que hacen creer a las víctimas que se trata de anuncios oficiales, como decisiones judiciales o cobros de facturas vencidas. El malware se instala en segundo plano en la computadora de la víctima cuando abre un archivo adjunto de correo electrónico.
Según la Policía Federal, los valores desviados fueron transferidos a las cuentas bancarias de quienes los ofrecieron al grupo criminal para el traslado ilegal de valores, los cuales, según dijeron, recibieron el apoyo de Interpol, Policía Nacional española e incluso empresas de seguridad en investigación y ciberseguridad como Eset. Los acusados serán procesados por concierto para delinquir, ciberfraude, intrusión en equipos informáticos y blanqueo de capitales.