El 14 de marzo, República Dominicana entrará en vigor nuevas normas que regulan las compras y los contratos públicos. Entre los trámites contemplados, las Pequeñas Compras o Compras Simples destacan por su aparente agilidad, pero detrás del velo de la sencillez se esconde una inquietante realidad: una puerta abierta a la protección de ayudas políticas. Estas pequeñas compras, destinadas a la adquisición de bienes y servicios por un monto entre RD$234,908.86 y RD$1,761,816.41, están sujetas a un procedimiento simplificado, según lo establece el artículo 44 del nuevo reglamento.
El problema es que este proceso carece de rigor y supervisión, lo que crea un terreno fértil para prácticas no transparentes. El corto plazo de entrega de un mínimo de 48 horas para que los contratistas realicen estas pequeñas compras es una de las principales preocupaciones. ¿Cómo se pueden evaluar adecuadamente las propuestas, cumplir con los requisitos legales y garantizar la transparencia en un plazo tan limitado?
Este límite de tiempo dificulta la participación de las empresas involucradas, y la velocidad con la que se entregan los bienes o servicios deja la oportunidad de tomar decisiones apresuradas sin una evaluación adecuada. Otro aspecto importante es que los departamentos administrativo y financiero de las organizaciones dirigen directamente estas compras, simplificando así la adopción de un comité de compras que asegure la objetividad y el criterio empresarial, económico y técnico. Esta falta de supervisión crea un entorno favorable en el que las decisiones pueden basarse en afinidades más que en criterios objetivos.
Aunque las compras pequeñas se consideran montos pequeños o pequeños, el total de seis recompensas mensuales de RD$1,761,816.41 equivale a una cifra nada despreciable de RD$10,570,898.46. Esta cantidad, si bien no es comparable a los grandes contratos, sigue formando parte de los recursos públicos y merece la misma atención y consideración que las adquisiciones más importantes. Lo más preocupante es la creciente tendencia a asignar al azar estas pequeñas compras.
Empresas que, como otras, cumplen requisitos técnicos, son populares sin motivos evidentes y presentan ofertas económicas más elevadas. Esto plantea serias dudas sobre la justicia y eficiencia de la asignación de recursos públicos. En el camino hacia una gestión pública más transparente y responsable, es necesario revisar y fortalecer los mecanismos de control en torno a las pequeñas adquisiciones.
La falta de control y la aparente importancia que otorgan estas adquisiciones más pequeñas pueden convertirlas en un terreno fértil para el clientelismo político. La gente común tiene derecho a saber que cada peso del tesoro público se invierte de manera eficiente y justa. En este contexto, simplificar las compras no debe ser un atajo hacia la falta de transparencia y la arbitrariedad.
Más bien, están sujetos a un escrutinio riguroso y riguroso para garantizar que la gestión de los recursos públicos sea ejemplar y que el clientelismo político no encuentre allí un refugio cómodo. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales que guíen todo proceso de contratación pública, independientemente de las cantidades involucradas.
