Santo Domingo, RD.- El abogado y comunicador, John Bello, advirtió hoy que La nueva ley Elección No. 20-23 impone una Sentencia de 10 años. años de prisión para quienes cometan fraude electoral.
Al analizar el actual marco electoral para las próximas elecciones de febrero y mayo, Bello enfatizó la importancia de respetar estas normas para mantener la confianza en el sistema electoral y proteger los derechos básicos de los electores. El abogado destacó que las disposiciones del nuevo reglamento electoral entrarán en vigor a partir de 2023. La sociedad espera que las autoridades actúen con diligencia para garantizar un ambiente electoral libre de manipulación e imponer severas sanciones a los infractores de estas disposiciones legales, afirmó Bello.
Asimismo, el jurista explicó que es necesario imponer sanciones más severas a quienes sean declarados culpables de fraude electoral, asegurando que esto aparezca como un desafío persistente en la arena política de Dominica, amenaza la democracia y ensombrece la confianza de la gente en los resultados electorales. . El abogado afirmó que es urgente aumentar la pena a 30 años de prisión, como medida más estricta para proteger la integridad de la elección, destacando que esta recomendación fue hecha en el contexto de la Ley N° 20-23, que regula el derecho al voto.
régimen electoral y establece que los condenados por este fraude serán sancionados con prisión de un mes a diez años, además de pagar una multa de hasta doscientos salarios mínimos. Considera que el debate sobre las sanciones en caso de fraude electoral se ha vuelto relevante, dado el papel cada vez más central que desempeña la tecnología. En este sentido, de manera general, la Ley N° 53-07 impone diferentes penas de prisión desde tres meses hasta diez años, acompañadas de diversas penas pagaderas en cinco años con salario mínimo, a quienes cometan uno o más delitos y delitos de alta tecnología.
Sin embargo, la eficacia de estas medidas debe juzgarse en función de la sofisticación y complejidad de los métodos utilizados por quienes buscan manipular los resultados. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones electorales, explicó el abogado, y es importante que nuestras leyes reflejen la seriedad con la que tomamos la protección de la economía y su democracia, con procesos a salvo de la manipulación digital. Señaló que, en este contexto, el desafío es encontrar un equilibrio entre sanciones fuertes para disuadir a quienes puedan considerar manipular el proceso electoral y medidas preventivas para garantizar la transparencia.
La sociedad dominicana sigue de cerca la evolución de estas medidas y su impacto en la protección de la democracia del país. Aseguró que esta propuesta de 30 años de prisión para criminales electorales tiene como objetivo asegurar que el marco legal se adapte a los desafíos y riesgos actuales, sentando así un precedente importante en la lucha contra el fraude electoral en este país.
