La Dirección General de Contrataciones Públicas ha revocado definitivamente el derecho a registrarse como proveedores del Estado, apenas en los primeros meses de este año, principalmente por falsificación de documentos. El organismo ha hecho pública una lista de proveedores estatales descalificados por diversos motivos, en un cuadro que contiene un total de 524 proveedores en la categoría previamente descalificados, incluidos 352 proveedores actuales y 172 proveedores anteriores fueron eliminados. Las eliminadas este año son las empresas (personas jurídicas) Aquino Morenoconstrucciones SRL; Constructora Copisa SRL; y Cosmo Caribe SRL (2044), DYNC Solutions SRL; Global Services de Soluciones SRL, Maxibodegas Eop del Caribe, SRL y Organizarre SRL.
Se deja claro que Aquino Moreno Construcciones queda inhabilitado categóricamente por presentar documentos falsos o falsificados, según el artículo 7 del reglamento 543-12 del 03/01/24. Su registro data de 2013 y la última actualización dada por el sitio fue el 27 de abril del año pasado. Constructora Copisa SRL y Cosmo Giai SRL también fueron inhabilitadas categóricamente por documentos falsos o falsificados, y en este último caso se estipuló que la fecha de levantamiento de la inhabilitación sería en el año 2044, es decir dentro de 20 años.
Maxibodegas Eop del Caribe, SRL también fue inhabilitada definitivamente por documentos falsos o falsificados. Los inhabilitados por el plazo de un año son DYNC Solutions SRL, Global Service de Soluciones SRL y Organizarre SRL por incumplimiento de contrato según el numeral 4 del inciso III del artículo 66 de la ley 340-06 y sus modificatorias. número de reglamento.
543-12 22 de febrero de 2024. Carlos Pimentel dice que no hay silencio administrativo El lunes pasado, el director del Departamento de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, estuvo presente en el desayuno del Listín Diario donde anunció que publicará la lista completa de expedientes inhabilitados por falta de silencio operativo. Señaló que además de la prohibición permanente que ordenaron por falsificación de documentos, el organismo ha remitido estos delitos a la Fiscalía del Régimen Tributario y demás órganos competentes para sancionar a dichos infractores.
