SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Siete involucrados en hechos de corrupción administrativa admitieron la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra en el proceso de la Operación Medusa, que tiene como principal implicado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual colaborarán con el proceso.
El Ministerio Público entregó un ejemplar de los acuerdos al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la audiencia preliminar, así como a la defensa técnica de los acusados.
Al referirse al proceso, la fiscal Rosa Alba García Vásquez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca), dijo que “en base al acuerdo que hemos aportado, nosotros vamos a solicitarle a usted como juzgador que proceda a acoger el acuerdo pleno en virtud de las disposiciones de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, en razón de que los acusados han admitido los hechos presentados en la acusación depositada por el Ministerio Público en fecha 2 de julio de 2022, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles”, dijo García Vásquez en el tribunal.
El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso.
Luego de los acuerdos, el Ministerio Público varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.
Estableció para ambos acusados el cumplimiento de las siguientes reglas: “residir en un lugar determinado, en este caso el domicilio está consignado por escrito en el acuerdo aportado respecto de cada uno de los acusados y en caso de cambiar el domicilio que se ha establecido de manera escrita deberán de notificarlo de manera expresa, tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena que resulte apoderado para velar por el cumplimiento de las reglas”.
El Ministerio Público también arribó a un acuerdo con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez, pidiendo en virtud de ello, que el tribunal le condene a una pena, igualmente, de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.
