Madison.- El gobernador Tony Evers ha dado luz verde a una medida que permitiría al Departamento Correccional de Wisconsin monitorear de cerca las vidas de casi mil personas que han cumplido sentencias por sexo crímenes. La decisión, respaldada por el Proyecto de Ley Senatorial 874, redefine el término delincuente habitual en casos de delitos sexuales, revocando un fallo judicial anterior. La nueva ley, impulsada por legisladores republicanos, otorga al Departamento Correccional el poder de supervisar permanentemente a las personas consideradas delincuentes sexuales reincidentes sin revisión judicial ni posibilidad de apelación.
Esta medida se aplica incluso a quienes han cumplido sus condenas y ya no se encuentran bajo supervisión judicial. La ley data de septiembre de 2017, cuando el exfiscal general republicano Brad Schimel amplió la definición de reincidente para incluir a personas condenadas por múltiples delitos en un solo procedimiento judicial. Sin embargo, una decisión reciente de la Corte Suprema de Wisconsin rechazó esa interpretación, afirmando que la ley estatal sólo trata a alguien como un reincidente, un delincuente nuevo y separado en un procedimiento legal.
Esta medida aumenta significativamente el número de personas sujetas a seguimiento GPS de por vida, sumando unas 972 personas a las 1.918 ya registradas. Aquellos que están siendo rastreados deben pagar alrededor de 200 dólares al mes por el servicio. La Coalición de Wisconsin contra la Agresión Sexual ha expresado su preocupación por el enfoque de monitoreo por GPS, señalando que se centra en lugares típicos de peligro para extraños y no aborda adecuadamente las agresiones sexuales que ocurren dentro del círculo social de la víctima.
Si bien reconocieron la importancia de informar a la comunidad sobre la presencia de delincuentes sexuales, enfatizaron la importancia de abordar el problema de manera más integral. Esta controvertida medida plantea dudas sobre la eficacia del monitoreo por GPS como herramienta de prevención y cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales de los delincuentes sexuales.
