Erick Fernández, coordinador de Participación Ciudadana. El coordinador nacional de Participación Ciudadana, Erick Fernández, aseguró esta mañana que la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de desembolsar de su presupuesto los fondos de campaña a los partidos políticos viola la Constitución de la República. Explicó que el accionar de la JCE es contrario al artículo 93 de la Constitución de la República que faculta al Congreso Nacional para lo concerniente a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos de conformidad con la Constitución y las leyes.
Dijo que la propuesta tiene la agravante que busca evitar el trámite congresual Ayer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que era correcta jurídica y políticamente la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de completar con recursos de su presupuesto los fondos que corresponden a los partidos en los años de elecciones. Agregó que el organismo electoral estaba dando una solución práctica a un conflicto que se ha presentado entre dos normas, ley de Presupuesto y la de Régimen Electoral. Quizás le interese leer: Finjus considera que JCE tiene derecho a financiar a los partidos Esta propuesta constituye una violación de los artículos 93 y 112 de la Constitución, relativos a las competencias designadas a la Asamblea Nacional y la situación en la que, por ser una ley fiscal, pasa a ser ley orgánica, es decir, con una mayoría reforzada y necesaria.
orden publico. , ver Fernández. Para los líderes cívicos, la propuesta de que los fondos de la Comisión Electoral Central se paguen temporalmente a los partidos políticos para ser luego reembolsados a través de un presupuesto suplementario, se convierte en una situación preocupante y de temor en nuestro ordenamiento jurídico, porque sería una acción contra los líderes civiles.
parte del órgano electoral va en contra del principio de legalidad y legitimidad que caracteriza toda actividad administrativa. Lo que no se observó, argumentó, fue la solución propuesta de evitar los procedimientos parlamentarios, donde legalmente se podrían crear los presupuestos de las entidades públicas. Fernández reiteró su visión de que la elaboración de presupuestos para las instituciones públicas es responsabilidad exclusiva del legislativo.
