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La huelga de la ADP va más allá de la razón

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Dijo que si es cierto que los educadores pueden pretender beneficiarse de un cierto nivel de reconocimiento, también es cierto que viola el derecho esencial al desarrollo de la nación.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) declara que la paralización de la educación y la movilización nacional que exige hoy la Asociación Dominicana de Maestros (ADP), excede todos los principios razonables y proporcionales en la protección el derecho a la educación consagrado en la Constitución, y ha generado una crisis que está deteriorando la calidad y oportunidad de los aprendizajes en la comunidad educativa. Reiteró su preocupación por estas huelgas, que, dijo, se han convertido en una acción colectiva en el sistema educativo, generando una especie de malestar en todos los sectores de la sociedad por el impacto negativo que provocan. Organizaciones de la sociedad civil advierten que la interrupción de las actividades educativas de los niños, niñas y adolescentes que estudian en los centros educativos públicos del país es una implementación ilegal de los mandatos constitucionales estipulados en el artículo 63.

Puede leer: RD Vial avanza en la transformación digital de sus servicios Señaló que como derecho inherente, indispensable, inalienable e imprescindible para el desarrollo humano integral, tanto para la dignidad como para el acceso y calidad de vida de la humanidad, la educación no puede ser limitada, condicionada o limitada por cuestiones presupuestarias. Dijo que si es cierto que los educadores pueden pretender beneficiarse de un cierto nivel de reconocimiento, también es cierto que viola el derecho esencial al desarrollo de la nación. Recordó además que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en su sentencia TC/0064/19, en e, que el derecho de huelga no constituye un derecho absoluto…, y que la educación tiene como objetivo que la formación sea una parte indispensable.

De la humanidad. humano. Ser.

(…) y es un derecho que debe garantizarse durante toda la vida. En este sentido, Finjus cree que se debe priorizar la prestación óptima de servicios educativos y centrar los esfuerzos en el diálogo nacional entre las diferentes instituciones públicas y privadas encaminadas a examinar parámetros educativos importantes y alcanzar consensos para mejorar el sistema. .

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