Editor Yasmel Bueno
“No creo que sea un mecanismo de presión. No hay dinero, punto”, dijo el economista Antonio Fernós Sagebién.
PUERTO RICO.- La declaración del gobernador Alejandro García Padilla de que Puerto Rico incumplirá con el pago de parte de su deuda pública complicará más el cuadro de incertidumbre y contracción económica que prevalece en la Isla.
Varias personas entrevistadas por “El Nuevo Día”, periódico de ese país, dijeron que el anuncio del gobernador no les causó sorpresa, pero plantearon que de concretarse un default la semana entrante, este podría constituir un elemento de presión al Congreso o la confirmación de que, en efecto, el Gobierno ya no tiene capacidad para continuar operando.
Según el economista Antonio Fernós Sagebién, aunque no hay estados financieros recientes que lo comprueben, es posible que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no pague a sus acreedores para proteger el poco efectivo que tiene y ante el hecho de que el Gobierno tiene vencimientos más significativos como las Obligaciones Generales (GOs en inglés) el próximo 1 de julio.
“No creo que sea un mecanismo de presión. No hay dinero, punto”, dijo Fernós Sagebién cuando se le preguntó de un posible impago el lunes.
Impago el lunes
Ayer, tal y como anticipó El Nuevo Día, García Padilla reconoció que aun si las conversaciones que su equipo fiscal mantiene con varios grupos de acreedores dan fruto, esto no evitará un impago el próximo 2 de mayo.
“No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que eviten un impago y no creo que esté sobre la mesa un acuerdo que impida un impago”, dijo García Padilla tras participar de la ceremonia de presentación de la Medalla de Oro del Congreso al regimiento 65 de Infantería, conocido como los Borinqueneers.
“El próximo lunes hay impago. Lo estoy diciendo hoy (ayer)”, dijo García Padilla a preguntas de la prensa.
Si bien García Padilla dio por hecho que Puerto Rico entrará en default en cuestión de cuatro días, el mandatario no detalló qué obligaciones de deuda pública no se pagarán aparte del sabido incumplimiento de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC).
Esto, porque la cifra que vertió el mandatario –$470 millones– supone todos los pagos programados para el mes de mayo. En total, según el calendario de servicio a la deuda del Gobierno, siete de las 16 entidades que emiten deuda tienen pagos pendientes para la semana entrante.
Aparte del vencimiento de $422 millones en principal e interés en el BGF y la PFC (que debería pagar el mes entrante $1.4 millones), la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta (Cofina) debe pagar $3 millones a sus acreedores y el Fideicomiso de los Niños debe pagar unos $24 millones. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) debe pagar $2.6 millones y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) debe hacer lo propio a razón de $13.8 millones.
Además, en el tintero hay un pago de $1.5 millones en Obligaciones Generales.
“Estamos trabajando unos acuerdos con los acreedores para que Puerto Rico se vea menos perjudicado, pero un acuerdo que impida por completo un impago, no creo que se logre”, subrayó García Padilla al tiempo que insistió en la necesidad de que el Congreso estadounidense actúe con la gallardía que mostraron los soldados puertorriqueños en el frente de batalla durante la guerra de Corea.
A todo vapor las negociaciones
La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, junto con los asesores en reestructuración Jim Millstein y Richard Cooper, del estudio legal Cleary Gottlieb, sostenían ayer negociaciones con el grupo de bonistas (Ad Hoc-BGF) que posee unos $160 millones de los $400 millones en notas del agente fiscal que vencen el próximo de 2 mayo.
Según fuentes de este diario, el grupo Ad Hoc-BGF está representado por el asesor financiero Bradley Meyer, actual socio de Ducera Partners, pero antes integrante del equipo de Millstein.
En principio, este grupo habría aceptado intercambiar su acreencia actual por nuevos bonos que representen un 50% del principal original, así como otorgar una moratoria a cinco años en el pago de principal.
De no concretarse el acuerdo, debido a la gran cantidad de trámites procesales con abogados de las partes, asesores financieros, banqueros de inversiones y el síndico del BGF, Millstein y Cooper insistirían en lograr un acuerdo de indulgencia o forbearance agreement. Si fuera el caso, el referido acuerdo de indulgencia, de todos modos, constituiría un impago bajo el contrato de bonos del agente fiscal.
De igual forma, fuentes de este diario aseguran que el BGF habría logrado avances con el grupo de cooperativas (G25) que poseen deuda del agente fiscal.
En paralelo, El Nuevo Día supo que otros fondos de inversiones y asesores financieros entraron en acuerdos de confidencialidad y que los oficiales del Gobierno y sus asesores en reestructuración también se reunirían esta semana con representantes del grupo Ad Hoc-GO y aquel de Cofina.
Incertidumbre empresarial. A juicio del contador público y consultor de negocios Virgilio Vega III, las declaraciones de García Padilla en cuanto a un impago por parte del Gobierno ya se toman con pinzas en el sector empresarial.
“Anteriormente, el gobernador ha dicho que no hay dinero para pagar y al final aparece”, indicó Vega al agregar que la declaración podría ser otro intento de presionar al Congreso y a los acreedores.
Vega explicó que dado que el Gobierno ha dicho en múltiples ocasiones que ocurrirá un impago, ello ha propiciado que el sector privado y los inversionistas hayan descontado de antemano parte del impacto adverso de un incumplimiento.
Ayer, por ejemplo, las notas del BGF que vencen la semana entrante se cotizaban en unos 30 centavos de dólar, lo que implicaría una caída de 60% en apenas un año.
Mientras, los $3,500 millones en bonos GOs vendidos en marzo de 2014 han caído 31% desde ese entonces cotizándose ahora en unos 66 centavos de dólar.
No obstante, Vega subrayó que la declaración se agrega a la lista de incertidumbre que prevalece en el sector privado y que ahora estará contra la pared una vez entre en vigor el Impuesto de Valor Añadido (IVA) en transacciones comerciales.
Necesaria la intervención
A juicio del economista Gustavo Vélez, el anuncio del gobernador es solo otra muestra de la necesidad de que el Congreso estadounidense actúe.
“No sé cuánto mayor deterioro se necesita para que el Congreso frene la espiral financiera y económica que afecta a Puerto Rico”, dijo Vélez al señalar que un impago desatará un caos legal mientras los planes de pensiones públicos quedan sin fondos y la economía sigue en picada.
