Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de recientes anuncios del Estado venezolano sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos. Para que estos esfuerzos sean efectivos, el Estado debe reconstruir la separación e independencia de los organismos públicos.
El 23 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que actualmente está desarrollando un investigación sobre denuncias de crímenes de lesa humanidad en el país, abrirá una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades de la nación. También anunció que se invitaría nuevamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a enviar un equipo al lugar. Este anuncio se produce tras la exclusión de esta función el 15 de febrero y ha sido condenado por este Comité.
La apertura del Estado para acoger estas dos funciones debe ir acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad. Según el informe del Grupo de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 183 casos de hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, solo hay un 6%. ; y en el 52,5% de estos casos el Estado no inició ningún proceso judicial. autoridad. En diversas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado la designación irregular de jueces de la Corte Suprema de Justicia y del titular de la Fiscalía, las presiones para decidir o cerrar el caso, la alta interinidad de los jueces y la falta de garantías de irreversibilidad. en sus acusaciones, la admisión de pruebas bajo coacción, los frecuentes cambios de fiscales, así como la falta de control judicial y transparencia de sus actuaciones.
La Comisión Interamericana reafirmó que la impunidad ha llevado a repetidas violaciones de derechos humanos y permitió que el país aplicara una política de represión selectiva destinada a desalentar la participación política de quienes se oponían o eran percibidos como tales. El compromiso genuino con la lucha contra la impunidad requiere que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia de la fiscalía, del sistema de justicia en general y de otras instituciones públicas.
La CIDH es la. actor principal y organismo autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene la tarea de promover el respeto y la protección de los derechos humanos en la región y sirve como órgano asesor de la OEA en este tema. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título individual y no representan a su país de origen o residencia.
