Los economistas creen que es necesario tener en cuenta que la reforma fiscal se llevará a cabo a nivel nacional, bajo los auspicios del gobierno, al ritmo de los costos de crecimiento actuales, no solo ingresos.
Para el economista, investigador del Centro de Investigaciones Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y miembro de la Iglesia Católica (PUCMM), Luis Humberto Vargas, un tema incluido en el Proyecto de Reforma Presupuestaria será Sea el proyecto de gasto, la ejecución del presupuesto es la del Presidente de la República, que representa casi el 2% de los ingresos anuales corrientes, según explicó al integrarse al Panel de Expertos, realizado este martes en el espacio del Salón Carlos A. Ricart de esta editorial. Afirmó que en el país no se habla de latifundio (tierra en manos de pocas personas), ni de industrialización.
El economista afirmó que la reforma es un diálogo y hay confusión con la Tratado. , esto no se implementó, a pesar de que estaba claramente establecido en la estrategia nacional de desarrollo y debería haber sido discutido a nivel nacional y parlamentario y fue ignorado por Danilo Medina en la administración. Además, también En 2022, se le dijo al gobierno que tenía que reunirse cada cinco años y esto no se hizo, a pesar de que se había comprometido a desarrollar un plan a corto plazo relacionado con la pandemia. , esto tampoco se ha implementado.
Sostuvo que es necesario ajustar el déficit cuasifiscal del Banco Central y las transferencias de capital en el sector eléctrico, como parte de la discusión sobre la reforma, porque también es un costo. proviene del presupuesto nacional.
Señala que debe haber una venta del sector eléctrico, porque la situación es insostenible y está mal calculada, que ya vale $2.000 millones este año. Presupuesto en transferencias de capital.
En el debate también se debe incluir la central térmica de Punta Catalina, que también se compró con ingresos del presupuesto.
Nómina Rafael Espinal cree que la reforma de la administración pública debe incluir recortes en las agencias gubernamentales y en las nóminas públicas.
