460 familias afectadas por la construcción de la represa de Monte Grande pidieron hoy al gobierno que cumpla su palabra y respete los acuerdos pactados compromiso, que incluye dar cada uno de ellos 30 tareas de campo de calidad, proporcionando agua de riego y completando el centro de la ciudad; algo que debió suceder hace 5 meses, antes del 25 de enero, día de inauguración del proyecto.
En conferencia de prensa convocada frente al gobierno provincial de Azua, organizaciones comunitarias apoyaron a las familias en este incidente. proceso, expresaron el sentimiento de haber sido engañados por el gobierno central, porque los terrenos en los que estas 460 familias satisfacían sus necesidades productivas fueron inundados.
«Hacemos un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader, solicitar una solución urgente a estos problemas y dirigirlo al Gobierno Provincial de Azua para que se encargue de representar y gestionar la solución a la demanda de nuestra comunidad. Hemos aportado nuestro terreno para construir la presa, que brindará buenos servicios. al país, pero no nos perjudica”, explicaron
Agregaron que las autoridades violaron acuerdos adicionales firmados y orales con miembros de la comunidad, el último de los cuales se celebró en abril. El 24 de diciembre en Palacio Nacional, en una reunión presidida por el secretario de la Presidencia, Joel Santos, en la que el gobierno de Luis Abinader se comprometió a resolver todos los problemas y realizar una segunda reunión la semana siguiente, pero pasaron dos meses, el gobierno derecho a cambiar constantemente las fechas o simplemente dejar en problemas a familias y miembros de la comunidad.
Por lo tanto, explicaron que con esta reunión en Palacio, las autoridades solo buscaban terminar con las denuncias durante las elecciones. campaña para no afectar al partido gobernante, porque después de las elecciones actuaron con indiferencia y no crearon condiciones para continuar con las reuniones en curso.
Dos familias afectadas por la construcción de la presa Monte Grande, como así como organizaciones comunitarias, han anunciado que ahora operarán en el largo plazo y desarrollarán un plan de acción que no se detendrá hasta que el gobierno cumpla con todos los acuerdos firmados, algunos de los cuales han tenido a la Iglesia Católica como testigo.
«Nuestra familia experimentó sufrimiento y desesperanza; pero a la vez estamos muy indignados y conscientes de los intereses que nos han ayudado, levantamos el ánimo y hoy iniciamos un plan de lucha que cuenta con el apoyo y la solidaridad de las organizaciones agrarias, populares y movimientos de masas de la región Sur y de el país. «, expresaron.
Entre los acuerdos alcanzados por el gobierno se encuentran: una colonia agrícola con 30 misiones terrestres con sistemas de riego para cada familia asignadas a Monte Grande, Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato. Nuevo; pensiones dignas para ancianos y discapacitados; pago de prestaciones mientras se completa la asignación de tierras hasta que se construya una cafetería asequible y se deban pagar las deudas pendientes por cultivos y otros casos de deuda ante los tribunales.
Del mismo modo, el gobierno se ha comprometido a concluir y en algunos casos construir una serie de proyectos como un centro comunitario de usos múltiples, un cementerio, una funeraria municipal, un parque, una cancha de béisbol, una cancha de baloncesto, dos iglesias, un policlínico, instalaciones sanitarias y pluviales alcantarillas, permear techos, plantar árboles y completar caminos;
