La defensa técnica de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, dos de los imputados en el caso Calamar, negó ayer que sus clientes hayan llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de ser futuros beneficiarios de contratos de obras públicas del Estado.
El abogado Manuel Fermín García anunció que sus clientes habían decidido contactar voluntariamente con la Fiscalía General, «para aclarar su implicación» en la presunta red de corrupción que Donald Guerrero y José Antonio Peralta fueron presuntos responsables del liderazgo de Donald Guerrero y José Antonio Peralta.
Agregó que su decisión “de devolverles íntegramente las ganancias que recibieron como pago de la apropiación también fue voluntaria”.
Podemos leer: “Nuestro cliente no tiene vínculo con la corporación Cat, empresa contratada para establecer un mecanismo de pago por trabajos futuros; “Y nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de llegar a un acuerdo de este tipo”, aseguró.
En cuanto a Trossachs Enterprises, negó haber recibido RD7,615 millones del Estado. mediante expropiación. Asimismo, negó que sus clientes se hayan beneficiado con pagos del “Programa de Financiamiento a Emprendedores del Estado”, que implicó un monto superior a los RD 21,000 millones.
