El exfiscal Jean Alain Rodríguez será declarado inocente de tres de los 13 cargos penales que le asignó el fiscal por sus crímenes en el caso Medusa; y se devolverá la oposición que pesa sobre el departamento 301, ubicado en la zona SM de la calle Atalaya, en la zona de La Julia de esta capital; No así respecto de otros bienes decomisados ni de las medidas de apremio que se aplicaron.
Así lo ordenó el juez del Tercer Juzgado Forense del Distrito Nacional, Amauri Martínez, mediante resolución de que envió a otros 14 acusados, entre ellos personas jurídicas y empresas, a ser juzgados; y fue favorecido con auto de “sobreseimiento” por 14 causas sociales para ser incluido en el proceso como tercero procesado civilmente por el Estado dominicano.
Sobre Jean Alain, el juez Martínez resolvió que los delitos consistentes de falsificación, uso de documentos falsos y autoría ilegal de daños o alteración de datos y sabotajes, los ciberdelincuentes «no son culpables porque no han aportado pruebas que le vinculen con este tipo de delitos».
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Esto quiere decir que en el juicio según el caso, el ex abogado solo tendrá que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, corrupción , malversación, fraude, alianza de agentes, financiación política, robo por parte de agentes públicos, enriquecimiento injusto, perjurio y blanqueo de capitales.
Con respecto a los bienes reclamados por Jean Alain, el juez sostuvo que en torno a ellos “ Se deben mantener medidas cautelares que incluyen protestas, avisos preventivos, decomiso y retiro”, con excepción del apartamento antes mencionado en esta misma nota, “porque el origen de la mercancía tiene apariencia de legalidad…” Ante lo anterior, desestimó la objeción interpuesta sobre el sujeto y ordenó al Servicio de Impuestos Internos y al Registrador de Títulos respectivo levantar o cancelar las objeciones y notas cautelares que haya tenido el referido inmueble. De manera similar, el juez ordena suspender las medidas coercitivas contra Jean Alain “porque se ha establecido la posibilidad de sentencia en el marco de un proceso competente, y al mismo tiempo, el riesgo de fuga aumenta en función de la pena que se pueda imponer. » Estas medidas incluyen arresto domiciliario mediante brazaletes electrónicos; impedir salir del país sin permiso y pagar la garantía financiera.
Jonathan Rodríguez Imbert emitió una orden similar contra los demandados, debido a que las condiciones que se les dieron se mantienen sin cambios; y Rafael A. Mercedes Marte, ya que no existen variables en el actual momento procesal que justifiquen detener o sustituir dicha medida, así como nuevos casos, por falta de nuevo presupuesto.
Javier A. Forteza Ibarra, Alfredo Solano Augusto, Rafael Mercedes Marte, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefani, Félix Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Batista Barías y José Miguel Moya. Además la empresa desarrolla personas y organizaciones; Dio SRL, Fire Controll Systems SRL y José Luis Liriano y Lirtec SRL.
El juez también ordenó congelar y gravar los bienes de los distintos imputados como personas naturales y jurídicas, señalando que mientras. es cierto que los acusados gozan de derechos fundamentales, «es igualmente cierto que estos derechos no son absolutos…»
Considerando que en un proceso adecuado, la probabilidad de que se ejecute debidamente una condena contra un tercero procesado por el Estado por vía civil “sería muy precario”, ordenó el juez contra las empresas Complementos Er; Procons, Productiva, Alfeizar Construcciones, Constructora Casasnovas, Marizán Ingeniería Construcción, Inmobiliaria, Grupo Acor, Grupo Antares, Primer Depósito Médico de Guzmán, Tecnicaribe Dominica, Transformadores Aquino y Arquitectura Integral.
