Santo Domingo.- El Ministerio de Obras Públicas procedió este miércoles con la presentación de testigos, como parte de la sesión judicial que juzgó a los imputados de la red de corrupción liderado por Alexis Medina Sánchez, quien defraudó al Estado de Dominica por más de 5 mil millones de RD dólares, el cual fue desmantelado gracias a la Operación Antipulpo.
Durante la audiencia de sesión, el tribunal escuchó a Enlly Caridad Santos Ureña, quien reveló que datos de una auditoría financiera realizada al Fondo de Activos de las Empresas Reformadas (Fonper) durante el período 2016-2017.
La testigo afirmó que realizó este cambio a solicitud del entonces Director de Servicios de Auditoría del Departamento de Contabilidad, Henry Batista, quien le solicitó cambiar la certificación por otro certificado para ocultar las irregularidades detectadas, siguiendo órdenes presuntamente del pleno de este órgano de control, presidido en ese momento por Hugo Francisco Álvarez Pérez. Por lo tanto, el informe final concluyó que «no había anomalías», con el objetivo de demostrar que todo cumplía con la norma.
Dos informes, de fecha 19 de marzo de 2019 , incorporado como prueba pericial fiscal. Procuraduría de Corrupción Administrativa (Pepca).
Santos Ureña indicó ante el Juzgado Segundo de Clase del Distrito Nacional que si bien realizó los cambios solicitados por su superior inmediato, al sentirse «replegada en esquina», continuó reteniendo el informe que revela las irregularidades, porque no estuvo de acuerdo en modificar los resultados de la auditoría realizada.
Los jueces del Juzgado Segundo de Clase del Distrito Nacional también escucharon Rafael Gómez Medina, quien bajo su mando se desempeñó como Viceministro de Hacienda en el Ministerio de Hacienda en el periodo 2012-2020 y fue miembro vocal de la Junta Directiva del Fonper.
Testigo Rafael Gómez Medina explicó que, al igual que otros miembros de la Junta, su función es «velar por el equilibrio de los recursos del Fonper», controlar las cuentas de las empresas reformadas, porque el Estado es accionista de estas empresas. Además, aclaró que el directorio no tiene influencia en los procesos internos, como adquisiciones y contratos, y ni siquiera sabe quiénes han ganado licitaciones en esta organización. Estas declaraciones concuerdan con lo que dijo Rafael declaró la paz en su discurso. Asimismo, precisaron que era el departamento administrativo de la entidad el que tomaba decisiones en materia de compras y licitaciones, como señaló el fiscal en la acusación nombrando al expresidente de la entidad, Fernando Rosa y al exdiputado administrativo. -Presidenta, Magalys Medina Sánchez.
El próximo lunes 8 de julio, cuando las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo continuarán escuchando a los testigos de la parte fiscal luego de la audiencia. fue pospuesta por emergencia del paciente de la imputada Libni Araldi Valenzuela Matos.
