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Sociedad civil se opone a cercenamiento de derechos fundamentales en el Código Penal

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Derechos en la adopción de un nuevo Código Penal que adolece de profundos defectos y no ha sido investigado plenamente con la precisión que merece.

Santiago de los Caballeros.- Organizaciones de la sociedad civil santiaguera han rechazado la ratificación del Código Penal, además de, entre otros, establecer sanciones diferenciales en casos de agresión sexual y violación dependiendo de quién sea el agresor, así como la criminalización absoluta del aborto, desconociendo las tres causas.

Representantes del Centro de Apoyo a la Mujer, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Alianza Cristiana Dominic , Católicos por el Derecho a Decidir y el Centro General de Desarrollo Local se han quejado de que en los casos de violación la pena se reduce a la mitad si el violador es el cónyuge de la víctima.

Advierten de un enorme retroceso en materia fundamental. derechos en la adopción de un nuevo Código Penal que adolece de profundos defectos y no ha sido investigado plenamente con la precisión que merece. Además, lamentaron que el Congreso haya expuesto a un líder abiertamente violento y machista contra las mujeres dominicanas.

En una protesta frente a las autoridades de Santiago, Manuela Vargas, directora del Centro de Apoyo a la Mujer, asegura que la exclusión de las tres causas provocará que muchas mujeres sigan muriendo debido a la criminalización absoluta del aborto sin tomar en cuenta el contexto del embarazo, la salud de la mujer y los casos de incesto aumentan en el país.
Del mismo modo La activista feminista Raquel Rivera afirmó que las disposiciones aprobadas en el proyecto de Código de Justicia Penal representan graves debilidades y obstáculos a temas de suma importancia para la sociedad dominicana, porque, entre otras cosas, constituyen un retroceso del marco jurídico que protege los derechos humanos de las personas. . mujeres, niños y adolescentes.

Durante mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han pedido a los parlamentarios rechazar el Código Penal, que no estipula la interrupción del embarazo en el plazo de tres meses, cuando el embarazo es. un peligro para la vida de la mujer, si el embarazo es resultado de violación, incesto o cuando el feto presenta defectos no viables.

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