Dicha Comisión inició la víspera sus sesiones de trabajo y convino reunirse con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a fin de que este explique los detalles de la pieza introducida por el presidente Luis Abinader.
Aunque la semana pasada la dirección ejecutiva del PRM respaldó de forma unánime el plan de reforma, legisladores de esa fuerza política rechazan la idea de reducir la cantidad de diputados de 190 a 137 (53 menos) y plantean rebajar solo 15 plazas.
Aunque el PRM cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, que le permite sancionar cualquier proyecto, el vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, no descartó que su agrupación presente un informe para demostrar que los cambios a la Carta Magna «son innecesarios y vacíos» en aspectos como la independencia del procurador o la variación del total de diputados nacionales.
De la misma forma, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de la comisión bicameral, manifestó que aunque la oposición es minoría, se mantendrá vigilante a los debates para evitar “trucos” a última hora, publicó Diario Libre.
Al proyecto de reforma constitucional se resisten otras fuerzas de la oposición que la consideran innecesaria y estiman que la actual administración debe centrar su trabajo en la búsqueda de soluciones a problemas como la inseguridad ciudadana, la inflación y el desempleo.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) indicó que la Constitución actual establece de manera muy clara que la elección presidencial contempla «dos períodos consecutivos y nunca jamás”, por lo tanto, señaló, el cambio propuesto no se fundamenta.
El gobernante Abinader, en cambio, insiste en la necesidad de ponerle un “candado” para que ningún presidente pueda gobernar más de dos períodos sucesivos como ocurrió en el pasado.
También busca la independencia del Ministerio Público, simplificar la cantidad de Diputados, unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales y variar la forma de designar al procurador general de la República.
Hasta hoy, el jefe de Estado cuenta con el respaldo de diversos sectores sociales, religiosos y económicos del país respecto a la polémica reforma constitucional.
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