Santo Domingo.-El presidente de la República, Luis Abinader, informó este lunes que no estaba registrado a nombre del estado venezolano, sino de un particular, el avión confiscado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en suelo dominicano.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró en La Semanal con la Prensa que ni el gobierno dominicano, ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación llevado a cabo por Estados Unidos, sino que solo se facilitó la cooperación internacional requerida al Estado.
Aseguró que Estados Unidos confiscó el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación que realizó en República Dominicana y con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, informó este lunes el Departamento de Justicia.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”.
En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.
