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Cuando los medios reemplazaron a los tribunales

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Por no hablar de cuestionar el derecho de un hijo adulto a ocupar cualquier otro cargo que ella no tuvo la decisión de nombrar.

A principios de 2017, se escribió en línea que el hijo del entonces presidente del Departamento de Contabilidad, un militar profesional con rango de general, figuraba entre un miembro del personal de la CDEEE como asesor de seguridad de un pequeño grupo de agentes. La carta fue difundida en un tono crítico hacia la funcionaria, suficiente para que programas de radio y televisión la denunciaran duramente como una muestra de su compromiso político con el gobierno para encubrir la corrupción. Me parece un ejemplo repugnante de periodismo terrible e irresponsable, porque aunque, como cualquier otra autoridad pública, está sujeta a evaluación, esta evaluación debe y debe hacerse en base a su trabajo y al cumplimiento de las normas de esa autoridad. una posición alta. no por otras circunstancias. Por no hablar de cuestionar el derecho de un hijo adulto a ocupar cualquier otro cargo que ella no tuvo la decisión de nombrar. Se podría argumentar, como se vio después, que el control de la Compañía Eléctrica estaba a merced del Departamento de Auditoría, lo que a priori constituiría un perjuicio, a menos que pudieran producirse pruebas de espontaneidad maliciosa, lo que en este caso no hay comentarista. escuchar parece dispuesto a hacerlo.

El problema con el estilo litigioso cotidiano de los medios de comunicación es que puede influir en la esfera judicial, lo que la reforma allí ha eliminado en beneficio de la sociedad, es decir, la noción de «íntimo condena», que ahora obliga a los jueces a juzgar con base en lo que se presenta en la audiencia y no en base a lo que piensa del acusado. En el periodismo, cuando se practica con responsabilidad, no basta con estar convencido de que alguien es un ladrón. La propia justicia debe decirlo.

Cuando los medios de comunicación asumen el papel de los tribunales, se viola el principio de presunción de inocencia, garantía para una administración de justicia respetable.

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