Líder político Abel Martínez llama al gobierno a actuar con firmeza y determinación ante la migración de haitianos indocumentados hoja que, a su juicio, pone la el sistema de salud, la educación, la seguridad ciudadana, la soberanía y la democracia del país están en peligro.
Martínez enfatizó que “según cifras oficiales, más del 37% de los partos en los obstetricia públicos del país son realizados por mujeres haitianas en situaciones de migración irregular, que causan un impacto significativo en el presupuesto de salud, es inherentemente limitado.»
«Se estima que más de 25 mil millones de pesos del presupuesto estatal anual se destinan a cubrir los costos de salud de Los inmigrantes haitianos imponen una carga insostenible que corre el riesgo de colapsar los servicios públicos esenciales. Si hablamos del ámbito educativo, miles de niños dominicanos fueron expulsados de las aulas debido a la ocupación de lugares por menores haitianos, lo cual fue condenado por las autoridades. los padres permanentes y las autoridades deben negarse sistemáticamente a sí mismos. Esta situación agrava la exclusión social y reduce las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos del país”, dijo Abel Martínez en un comunicado de prensa.
Excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana dijo que “El flujo descontrolado de inmigrantes ilegales es no sólo supone una sangría de recursos estatales sino que también pone en peligro la seguridad ciudadana y el orden público. Las comunidades dominicanas, especialmente aquellas en las afueras de las ciudades y en el campo, enfrentan el crecimiento de asentamientos ilegales a lo largo de ríos, barrancos y edificios abandonados. Esta ocupación ilegal aumenta la presión sobre. servicios básicos y causa desafíos ambientales para las áreas afectadas.
Deportaciones masivas
Dada esta realidad, Abel Martínez cree que el gobierno dominicano debe implementar urgentemente medidas de deportación masiva para abordar el flujo de la migración ilegal y garantizar el regreso de quienes se encuentran en situación ilegal a su país de origen. «Las deportaciones deben llevarse a cabo conforme a la ley, pero con decisión y rapidez, porque la existencia prolongada de millones de inmigrantes ilegales corre el riesgo de desestabilizar el tejido económico y social».
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