Corrupción, terrorismo y sabotaje son parte de los cargos que la Procuraduría General de la República le levantó a Hugo Beras Goico, José Ángel «Jochy» Gómez Canaán y cuatro personas más vinculadas al escándalo de la empresa Transcore Latam con el Intrant.
Así lo establece la orden de arresto solicitada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a Fátima Scarlette Veloz Suárez, Jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», afirmó la información.
Cargos detallados contra los imputados:
· Corrupción administrativa, prevista en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana.
· Coalición de funcionarios, según los artículos 123 y 124 del Código Penal.
· Uso indebido de documentos privados (artículos 147, 150, 151).
· Desfalco y estafa en perjuicio del Estado (artículos 171, 172, 405).
· Asociación de malhechores (artículos 265, 266 del Código Penal).
· Sabotaje y robo de identidad, en virtud de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
· Contrabando, según la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito.
· Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley 155-17.
· Actos de terrorismo, en base a la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
De acuerdo con la orden de arresto esta trama se origino en el 2017 cuando Jochy Gómez fue beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L…
Por dicho contrato el empresario recibió la suma de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
“Es justo señalar que el origen de esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente junto con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una”, dijo la Pepca en la orden de detención.
De igual forma estableció que: “En 2020, José Ángel Gómez Canaán (Jochy) también se benefició de un contrato ilegal, consistente en un «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aunque este contrato no figura registrado oficialmente”.
Junto a Hugo Beras y Jochi Gómez se encuentran detenidos Frank Díaz, Asistente de Hugo Beras; Samuel Gregorio Sepúlveda, exdirector de tecnologia del Intrant. También Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez. El mismo propietario de la empresa Transcore Latam; y Carlos José Peguero Vargas.
Se recuerda que el 9 de noviembre el entonces director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
