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Camaleón

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El caso contra Hugo Beras Goico, exdirector del Instituto de Transporte y Transporte (Input), José Ángel Gómez Canaán (Jochi), representante de la empresa Transcore Latam, y cinco personas más, es uno de los casos más pesados. . Es más compleja que las medidas adoptadas por la Fiscalía porque además de corrupción, fraude y cartel oficial, también incluye cargos de sabotaje.

La Fiscalía está especializada en la Fiscalía Administrativa contra la Corrupción (Pepca) nombres Beras Goico como coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red de semáforos y sistema de videovigilancia, adjudicando contratos por valor de un millón de dólares a empresas que no cuentan con la capacidad técnica necesaria.

Presentando Jochi Gómez, la Fiscalía lo identifica como «el principal beneficiario de la trama de corrupción», quien, a través de una empresa de su propiedad (Aurix, S.A.S), «controlaba de manera fraudulenta semáforos y sistemas de vigilancia», y lo vinculó con los cargos. sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

El contenido del escándalo es el contrato adjudicado por Intrant a la empresa Transcore en junio de 2023 por la cantidad de RD$1,317.350,997 con vigencia de 5 años, luego reportado por el Departamento de Contrataciones Públicas como irregular, el dueño de esta agencia solicitó la intervención del Ministerio de Obras Públicas.

Otros imputados en el caso Este caso es Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda , Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, para quienes la Fiscalía también solicitará medidas coercitivas hasta prisión, debido a la gravedad de los cargos.

La Fiscalía de Jochi Gómez y otros acusados ​​de sabotear la red de semáforos del Gran Santo Domingo los días 28, 29 y 30 de agosto provocaron un caos Grave desorden vial, convirtiendo el “expediente Camaleón” en un complejo entramado de acusaciones, lleno de situaciones jurídicas sin precedentes
Como en cualquier otro acto de corrupción. en los casos iniciados por la Fiscalía es necesario respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, al tiempo que se censura que durante el allanamiento de la casa del señor Hugo Beras, los fiscales se negaron a permitir que el acusado para recibir asistencia de su abogado.

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