Sede Fiscalía General de la República Dominicana.
Tribunal Universitario Jimaní se reserva la decisión para el próximo jueves , 10 de octubre a las 10 a.m.
Después de finalizar la presentación sobre los cargos de migración ilegal, delitos contra el gobierno, tenencia ilegal de armas y secuestro, en contra de integrantes de la red criminal que fue desarticulada con la Operación Iguana, la Fiscalía solicitó al juzgado de esta provincia condenarlos a 30 y 20 años de prisión.
La Fiscalía solicitó ante el Tribunal Superior de Jimaní que los imputados Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán será sentenciado a 30 años de prisión, y Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo de Jimaní, pertenece a la Dirección General de Migraciones (DGM), a sus 20 años, así como al Ministerio de Migración. El inspector Johan Rosario Castillo y Deivi Novas Reyes, quienes fueron imputados por los delitos antes mencionados.
Además, solicitó que la imputada Dominga Guzmán sea condenada a 2 años de prisión, suspendida únicamente, por complicidad con migrantes contrabando.
Los fiscales especializados en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas (PETT) y en la persecución de la corrupción administrativa (Pepca), representados por los abogados litigantes tributarios Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey presentaron la solicitud ante los jueces Alejandro Antonio. García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes se reservaron la decisión prevista para el próximo jueves 10 de octubre a las 10 horas
PET, liderado por la Fiscal General Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en 2022 con nueve allanamientos Ataques simultáneos a los municipios de las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales, destruyendo con ello el operativo para utilizar la frontera dominicano-haitiana como centro de comunicaciones.
Durante el proceso de allanamiento, la Fiscalía detuvo a los imputados y confiscó como prueba 7 vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, cerca de 116 mil pesos y 383 dólares gritos, cientos de documentos y armas de fuego calibre 9 mm. . .
Proceso
La Fiscalía, con el apoyo del organismo de investigación de la Dirección General de Migración, abrió una investigación penal en diciembre de 2019. 2021 para integrantes de la red. , intentando recabar pruebas relacionadas con el tráfico de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como con hechos de tráfico de migrantes otros. Los acusados también utilizaron amenazas y chantajes para recibir sobornos. se exigieron pagos para liberar a los detenidos o secuestrados, incluso se amenazaron con recibir pagos.
Los imputados ocuparon diversos cargos en la red criminal. Respecto a Vólquez Guzmán, los registros indican que utilizó la casa de su madre Dominga Guzmán (con su pleno conocimiento) para detener a migrantes hasta que se cumpliera el pago requerido o las condiciones para su liberación.
El grupo fue acusado de violar Ley 137-03 sobre tráfico de migrantes y trata de personas, Código Penal Dominicano, Ley 53-07 sobre delitos y faltas relacionadas con la alta tecnología, ley 631-16 sobre control y manejo de armas, municiones y materiales conexos y el Código sobre la protección y derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia (ley 136-03), así como la ley 583 sobre secuestro.
