Quizás además del vandalismo que provocó que la ciudad cayera en el caos por el repentino apagado de los brillantes semáforos, el estado de Dominica sea víctima. sobre un fraude de más de mil millones de pesos presuntamente perpetrado por una red de corrupción de carácter cinematográfico. Un contrato calificado por la Fiscalía de fraudulento se convertiría en un escándalo para el país en lugar de abrir la puerta a una solución a los graves problemas del tráfico rodado. La confianza en el gobierno de estas entidades mediáticas insospechadas será traicionada con consecuencias nefastas, obligando al sistema de justicia a responsabilizar a los presuntos autores de corrupción, que han cometido faltas graves al no cumplir con los procedimientos antifraude de las autoridades competentes. ellos mismos o con la intención deliberada y oculta de favorecerlos mediante la celebración de un compromiso oficialmente celebrado sin preselección y certificación de la calidad ética y técnica de los contratistas antes de agosto de 2020.
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Esto es algo que la Dirección General de Contrataciones Públicas debería haber verificado, renacer como una organización eficiente, casi es demasiado tarde. Nada puede impedir que las investigaciones sobre estos hechos conduzcan a consecuencias finales que puedan ser llevadas ante los tribunales en un marco que respete la presunción de inocencia y la libertad de defensa de los funcionarios acusados; y ningún proceso aumenta la frustración en la lucha contra la corrupción.
