La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional intentará por segunda vez conocer hoy la solicitud de medidas de apremio contra Hugo Beras, ex director de del Instituto Nacional de Transporte Carretera y Transporte (INTRANT), José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y otros involucrados en el caso Camaleón.
Durante la audiencia programada para las 2 p.m. A partir de hoy, el fiscal deberá presentar pruebas suficientes para que el tribunal acepte el pedido de prisión preventiva y declare la complejidad del procedimiento.
Según el expediente fiscal, los imputados fueron acusados de pertenecer a una organización corrupta. y red delictiva organizada especializada en malversación de fondos, fraude al Estado, falsificación, cartel oficial, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y suplantación de identidad.
Representantes del Ministerio de Obras Públicas revelaron que mantenían el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semáforos de Grand Saint -Domingue, contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar las funciones de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como, con pruebas Del sabotaje a la red de semáforos ocurrido en agosto, presuntos problemas
Operación Camaleón Los imputados son investigados por conducta típica. lo dispuesto en el artículo 146, inciso 1 de la Constitución de la República Dominicana (prohibición de la corrupción); artículos 123, 124 (unión de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documentos privados); 171 y 172 (malversación), artículos 265 y 266 (conspiración para delinquir), así como el artículo 405 (fraude al Estado de Dominica) del Código Penal dominicano; Los artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, usurpación de identidad, delitos y ofensas contra la patria y actos de terrorismo), de la ley núm. 53-07, lucha contra la delincuencia y los delitos de alta tecnología.
Así como los artículos 5, 33, 34, 35, 36 (mercancías de contrabando) de la ley núm. 17-19 sobre la eliminación del comercio ilegal, el contrabando y la falsificación de productos regulados; y artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (lavado de dinero) Ley N° 11/2014/TT-BTC. 155-17 relativo al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, artículos 5, 8 F y 26 de la ley no. 267-08 relativa al terrorismo y creación del Comité Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista, los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para controlar y administrar armas y municiones, productos farmacéuticos y materiales afines, todo para en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la Operación Camaleón se allanaron zonas residenciales y comercios en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Unos 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales. En este operativo participaron más de 30 fiscales especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Durante el proceso de búsqueda se incautaron cientos de pruebas que confirman las acusaciones de la Fiscalía de Van. Es por ello que la Fiscalía calificó la Operación Camaleón como “una de las operaciones más exitosas” contra el crimen organizado.
De igual manera, la Fiscalía afirmó que continúan las diligencias de investigación que puedan conducir a la consolidación de la acusados y la presentación de nuevos cargos relacionados con esquemas de corrupción.
