Reiteró que si se comprueba que esas personas están en condición irregular son deportados a su país de origen.
Explicó que los operativos de la DGM continúan en todo el país, tal y como se acordó la semana pasada en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que encabezó el presidente Luis Abinader.
Precisó que a algunos ciudadanos con documentos también se les detuvo ya que no portaban identificación fiable que sustentara su presencia en territorio nacional.
En relación a los menores de edad, el vicealmirante aseguró que se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (Conani), encargado de trasladarlos a centros de protección con el fin de garantizar sus derechos fundamentales e integridad física.
Las jornadas de detención masiva iniciadas el día 3 se realizan con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, la Policía y el Ministerio Público.
Pese a que el Gobierno asegura que las expulsiones se realizan con respeto a los derechos humanos, la canciller de Haití, Dominique Dupuy, informó quien alertó a las autoridades internacionales pertinentes, en la red social X, que «las brutales escenas de redadas y deportaciones que estamos presenciando son una afrenta a la dignidad humana…».
Sostuvo que «esta política migratoria del Gobierno dominicano contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana».
Aunque la DGA no precisa en sus comunicados que los devueltos son ciudadanos de Haití, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, reiteró el compromiso del Gobierno de proteger la soberanía nacional ante la espiral de violencia en esa nación fronteriza.
Tras finalizar la citada reunión del Consejo de Defensa en la que se aprobó la medida, Figueroa manifestó que a pesar del respaldo internacional y de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación liderada por Kenya, los resultados hasta ahora son limitados.
Sostuvo que ante esta realidad, República Dominicana está obligada a actuar de manera responsable para garantizar la seguridad y estabilidad en el territorio nacional.
