Miembros clave de la red criminal desmantelada con la Operación Iguana fueron sentenciados a 15 y 10 años y cinco años de prisión por el delito más grave de tráfico ilegal de migrantes.
El Tribunal Universitario de Jimaní condenó a Roberto Méndez Pérez y Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, mientras que Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán fueron condenados a 15 años. Además, todos deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos.
El tribunal absolvió a los imputados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.
Ley Litigante Abogados tributarios Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, fiscales especializados en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas (PETT) y la Procuraduría de Corrupción Administrativa (Pepca), dispusieron que varios elementos fueron aceptados como buenos y válidos por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freddy Hernández. White, quien pronunció la sentencia.
El PET, a cargo de la Fiscal General del Tribunal Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló en 2022 la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en los municipios de Independencia, Bahoruco y Pedernales, a través de los cuales La red utilizó la frontera haitiano-dominicana como centro de operaciones y fue demolida.
Durante la búsqueda, el Ministerio de Obras Públicas arrestó a los acusados y confiscó siete vehículos como evidencia, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, alrededor de 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y una pistola calibre 9 mm.
La Fiscalía, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migraciones, detuvo a los detenidos inició una investigación penal por este caso en diciembre de 2021 contra integrantes de la red, tratando de obtener pruebas relacionadas con un grave caso de tráfico de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como otros hechos de tráfico de migrantes.
Los documentos de la fiscalía muestran que los acusados utilizaron amenazas y chantaje para recibir sobornos. Asimismo, privan y detienen a víctimas de trata ilegal de personas hasta recibir el pago necesario para liberar a los detenidos o secuestrados, incluso también recurrieron a amenazas para recibir pagos.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137- 03 sobre tráfico de migrantes y trata de personas, Código Penal Dominicano, Ley 53-07 sobre delitos graves y faltas en materia tecnológica, Ley 631-16 sobre control y gestión de armas, municiones y materiales afines, y el Código para la protección y derechos fundamentales de la niñez y juventud (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre secuestro.
