La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente, Surun Hernández, depositó una querella penal ante la Procuraduría General de la República en la que acusan a Bartolomé Pujals y Lorenzo Ramírez, directores de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y de Pasaportes, de suscribir “alquileres sobrevaluados” en perjuicio del Estado.
Hernández realizó lectura de un documento de dos páginas a la salida de la institución, el cual establece las motivaciones del querellamiento por considerar que, mediante “alquileres fraudulentos”, se “garantizaba la sustracción de miles de millones de pesos”, y que para evitar sospechas se utilizó a la Inmobiliaria Reservas como “aparente propietaria”.
En el acto presentado ante el Ministerio Público, la fundación establece que los inmuebles que serían arrendados en realidad “eran propiedad de allegados al gobierno”.
De esto describen una “asociación fraudulenta”, la cual está compuesta por “diversos funcionarios” del Estado.
El expediente a manos de Hernández da cuenta de que se utilizó como “cortina de humo y vehículo legitimador de capitales ilícitos” a la entidad Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliaria Reservas, de la estatal Administradora de Fondos de Inversión Reservas, y que, una vez allí, “allegados del sector privado adquieren el inmueble en cuestión por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con la entidad estatal”.
Señala como ejemplo del presunto entramado el edificio corporativo de 16 pisos Vista 311, que fue comprado y adquirido por el fondo a un monto de RD$1,400,406,
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