El impacto económico de las acciones ilícitas cometidas por la organización criminal que se habría creado a lo interno de la Policía para sustraer municiones, pertrechos y armas, y comercializarlas ilegalmente, sería para esa institución y el Estado dominicano de unos RD$64,954,505.40, según estimaciones hechas por Ministerio Público.
Fue una auditoría interna en la institución policial lo que permitió desmantelar la organización encabezada por el exdirector del departamento II de la Intendencia de Armas de la institución, “para sustraer de manera masiva, organizada y sistemática, municiones, pertrechos, equipos y armas”, y comercializarlos de manera ilegal.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, el grupo encabezado por el Intendente de Armas coronel Narciso Antonio Romero, el subintendente Juan Miguel Pérez Romero, Nelson Valdez, responsable del depósito de armas, y el capitán auditor Víctor Manuel Santos, “identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía y civiles con antecedentes delictivos”.
Como operaba el negocio
Indica que el grupo adquiría las municiones sustraídas de manera ilícita y las revendía a precios más altos, “a policías y militares, a civiles, y a armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios”, explica.
Agrega que para recibir y transferir el dinero proveniente de la comercialización ilícita de las municiones y accesorios propiedad del Estado dominicano, la organización criminal utilizaba a terceras personas como “testaferros”.
Para tener acceso privilegiado, exclusivo y directo a los almacenes de municiones y pertrechos policiales, y no levantar sospechas en otros departamentos de la Policía, los integrantes de la organización violaban los reglamentos y protocolos. Una vez en los almacenes, tomaban las “armas de fogueo” y las adulteraban cambiándoles el cañón para poder disparar municiones de armas normales, y luego las vendían a civiles.
Agrega que para evitar que las autoridades detectaran las sustracciones de municiones y accesorios, “manipulaban” los registros y controles de los almacenes del departamento II de la Intendencia de Armas.
El camuflaje
Dice que en una auditoría realizada el pasado 24 de octubre se detectó “un significativo e injustificado faltante” de 908,001 municiones de diferentes calibres, en comparación con la cantidad que había el 14 de febrero cuando se hizo una primera experticia.
Y es que, según el expediente de medida de coerción, el exintendente de Armas habría utilizado su posición “para desarrollar acciones delictuosas de sustracción, venta y comercialización de municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia.
Para ello utilizó a los demás responsables del control y custodia del departamento, capitán Nelson Valdez, cabo Jorge Luis Zorrilla Marte, y los rasos José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez, para cometer los hechos que se le atribuyen.
Dice que el coronel Féliz Romero conjuntamente con Valdez, se encargó de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes.
Luego, junto con el capitán Víctor Manuel Santos, instruyeron al cabo Zorrilla y a todo el personal masculino, a trasladar cápsulas para hacer una auditoría, “decidiendo el coronel Feliz Romero hacer unos activos falsos con las cajas de cartuchos camuflajeados dentro de las cajas para municiones 5.56 mm, accionar que constituyó parte del ocultamiento y fraude contable cometido por los imputados”.
Agrega que ante la realización de la auditoría en octubre, Féliz Romeo y Santos instruyeron al personal involucrado “para que buscaran proyectiles de ese mismo tipo del depósito de polígono de la sede policial para rellenar los faltantes” y aparentar que las municiones estaban allí
Cuidado si hablan
Según el expediente, “la alta gerencia” de la organización criminal “trató de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la organización, amenazando e intimidando a quienes tenían conocimiento de sus actividades delictivas”. También “amenazaron e intimidaron a testigos”.
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