Santo Domingo.- La organización no partidista, la sección dominicana de Transparencia Internacional, se opone a la nueva política, aprobada por el poder judicial aprobada como regla general, tal vez incluso aplicable por defecto, esta política permite la eliminación o sustitución de toda información capaz de identificar o identificar a cualquier persona física, lo que contribuirá en parte a hacer invisibles a los infractores de la ley para la comunidad la sociedad, especialmente la corrupta, crea impunidad y más corrupción.
Esta medida tiene como objetivo derrocar el principio de que la transparencia es la regla y la privacidad es el derecho es la excepción.
La La Constitución es clara cuando se establece en el marco de la tutela efectiva del sistema judicial y del debido proceso que los juicios serán públicos, esto no sólo es una garantía para proteger al imputado sino también para proteger a la sociedad. transparencia de lo que sucede en los juicios, especialmente los de carácter penal.
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La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios judiciales, asistentes y todo el personal pertinente, así como las partes que participan en el proceso, el demandado y el demandante denuncias, víctimas, sociedad civil, así como testigos e informantes, con las excepciones oportunas para proteger a menores y personas vulnerables.
Acceso a los expedientes, no Corresponde únicamente a las partes involucradas. sino de todos los ciudadanos y especialmente de los medios de comunicación, para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión. En contraposición a este principio, la nueva política establece restricciones a terceros, término que incluye a la prensa y a los ciudadanos.
Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto La distinción entre el derecho a la información, el derecho a La expresión y el derecho a la intimidad deben decidirse, como principio general, a favor de la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios y bienes públicos, con las necesarias excepciones, deben ser muy específicas.
Según novedades según normativa judicial, la lista de Datos Personales que deben ser anonimizados es tan amplia que incluye incluso cédulas de identidad y cédulas de elector, necesarias para realizar muchas actividades privadas y ayudar a distinguir entre personas. que lleva el mismo nombre.
Esta política tiene como objetivo proteger la experiencia de otros países olvidando que estos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluido el sector judicial, que nuestro país aún no tiene.
La participación ciudadana expresó preocupación ya que esta medida llega en un momento en que el país enfrenta grandes desafíos en el combate a la corrupción, el crimen organizado así como delitos graves como la trata de personas, el lavado de dinero, el feminicidio y la pedofilia, causan un mucho daño a la sociedad.
Llamar al poder judicial a retirar esta norma, porque es un golpe a los esfuerzos desplegados por amplios sectores para liberar a nuestro país de su larga historia de corrupción e impunidad.
Es especialmente preocupante que la política de protección de datos del poder judicial pueda usarse para ayudar a los jueces a impedir que los ciudadanos y la prensa accedan a la información, un logro fundamental en una democracia y en países con bajos niveles de transparencia.
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