Durante mi etapa como legislador, he sido testigo de innumerables iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso. Muchos de ellos, con un potencial significativo de cambio social, aún no han atraído la atención necesaria del público y de los medios de comunicación. discusión del proyecto de ley de compras y contrataciones públicas.
En la República Dominicana, el Estado juega un papel central como uno de los principales clientes de los diversos sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, el debate sobre el impacto de este proyecto de ley es poco frecuente.
El actual Proyecto de Ley de Adquisiciones y Licitaciones, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, ofrece un precio de oportunidad sin precedentes para perfeccionar el marco legal que regula la interacción entre El Estado y el sector privado. Sin embargo, las disposiciones del proyecto han suscitado preocupaciones legítimas entre las partes interesadas clave, en particular la Asociación de Contratistas y Proveedores, que han formulado críticas y sugerencias fundamentadas, sugerencias constructivas para garantizar una regulación justa y eficaz.
Una de las El aspecto más controvertido de las disposiciones es la concesión de demasiado poder discrecional a la Dirección General de Licitaciones. La redacción actual del artículo 11 faculta al Consejo de Administración a solicitar cualquier tipo de información a cualquier persona física o jurídica, ya sea parte de un procedimiento contractual o no. La constitucionalidad del proyecto de ley ha sido cuestionada en intentos legislativos anteriores de incluir disposiciones similares, lo que sugiere que podría violar derechos fundamentales.
El proyecto establece restricciones a la subcontratación, que es particularmente problemática en sectores como la construcción. y la ingeniería, donde esta práctica regularmente supera el 30% debido a la alta especialización de las tareas. .
Asimismo, prevé sanciones que van desde seis meses a diez años para los trabajadores. contratista por retrasos en la entrega del proyecto sin tomar en cuenta fuerza mayor o retrasos causados por otras entidades en la obtención de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto. Ignorar esta realidad operativa podría hacer que proyectos esenciales para el desarrollo nacional se vuelvan más costosos y lentos.
Es importante que el Congreso promueva un diálogo integral, escuchando a todos los sectores relevantes para garantizar un marco legal transparente y equilibrado.
