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Miami. — Con el tema de los aranceles globales que parecen entretener a Donald Trump, el mundo ha dejado de prestar atención a cómo su administración ha implementado una maquinaria migratoria sin precedentes. Ayer, un juez estadounidense autorizó la deportación de Mahmoud Khalil, el activista que lideró protestas propalestinas y, pese a la deportación errónea de un hombre, el gobierno de Trump se niega a rendir cuentas.
Bajo nuevas órdenes ejecutivas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera con una lógica de “disuasión por terror”: “Estaban en la puerta cuando abrí a las cinco y media de la mañana. Preguntaron por mi esposo, sin orden judicial, solo una lista de nombres. Me esposaron en medio de la sorpresa, pregunté qué sucedía y mencioné que mis hijos eran ciudadanos. No respondieron, no les importó”, relató Maribel a su abogado desde un centro de detención en Dallas, Texas; ella es mexicana y madre de tres hijos al cuidado de una vecina.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) denuncian estas acciones como “limpieza social preventiva”, donde la residencia prolongada o el arraigo familiar no ofrecen defensa.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la política: “Ninguna presencia ilegal puede ser ignorada”, pero no es solo una cuestión de estatus, “porque están persiguiendo, deteniendo y deportando a todo no ciudadano, con o sin papeles, con o sin antecedentes penales”, según la ACLU.
Mientras tanto, bajo la plataforma CBP Home, el gobierno estadounidense busca la autodeportación.
Abogados y defensores de derechos humanos consultados por este diario coinciden con Clara Long, abogada de Human Rights First, quien afirmó: “Estamos ante la criminalización retroactiva de la legalidad. Los persiguen por seguir las reglas; ¿qué lógica hay?”, pregunta la experta.
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Una de las medidas más polémicas es la reactivación de espacios extraterritoriales de detención para inmigrantes. Desde febrero, reportes de medios nacionales e internacionales informaron sobre el traslado de migrantes hispanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba, por parte del DHS.
Además, se ha confirmado el envío de migrantes desde Guantánamo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Ccecot) en El Salvador.
Los migrantes enviados han sido acusados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, aunque organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, denuncian detenciones arbitrarias: “El problema no es solo el encierro, sino que se realiza fuera del alcance de las cortes estadounidenses”, afirma Andrea González, abogada de derechos humanos.
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Ayer, una jueza federal criticó duramente a un abogado del gobierno estadounidense por no poder explicar qué ha hecho el gobierno de Trump para organizar el regreso de un hombre deportado por error a El Salvador. La jueza federal Paula Xinis ordenó actualizaciones diarias sobre los planes para repatriar al hombre.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) acordó con el DHS intercambiar datos confidenciales de contribuyentes para localizar a inmigrantes indocumentados.
Ayer, The Washington Post reportó que la administración Trump incluyó a más de 6 mil migrantes, mayormente latinos, en la base de datos de personas fallecidas, eliminando su posibilidad de empleo legal o acceso a beneficios sociales. La reverenda Anne Walsh, de una red de iglesias metodistas en Arizona, comentó que “han convertido el puente de confianza en una trampa. No se castiga la ilegalidad, sino el acto de confiar y cumplir con una obligación como el pago de impuestos”.
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Desde marzo, el programa Huella Digital Extendida, implementado en los puertos de entrada, ha permitido al DHS, CBP e ICE monitorear la actividad digital de no ciudadanos. Ayer también entró en vigor el registro obligatorio para extranjeros en Estados Unidos: “No importa lo que hagas, sino lo que hayas dicho, compartido o pensado. Estamos ante una naturalización condicionada a la simpatía ideológica”, escribió la abogada Teresa León.
